El Senado de la República ha dado luz verde a una reforma constitucional que redefine el carácter de dos de las principales empresas energéticas del país: la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex). Con esta modificación, ambas dejarán de ser consideradas «empresas productivas del Estado» para pasar a ser «empresas públicas del Estado», lo que marca un cambio significativo en su estructura y responsabilidad social.
El dictamen fue aprobado en lo general con 86 votos a favor por parte de los senadores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT), y un voto a favor de Miguel Ángel Yunes Márquez del Partido Acción Nacional (PAN). Por otro lado, 39 legisladores del PAN, Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano votaron en contra, mientras que la senadora Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano, se abstuvo.
A pesar de que en lo particular varios senadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano presentaron reservas para modificar algunos artículos del dictamen, estas propuestas no fueron aceptadas. Finalmente, los artículos reservados se aprobaron en sus términos originales con 86 votos a favor y 39 en contra.
Un cambio estructural y de enfoque
Con esta reforma, se elimina el concepto de “empresas productivas del Estado”, el cual fue incluido en la Constitución por recomendaciones de organismos financieros internacionales. Según el dictamen, esta definición redujo el papel del Estado en la prestación de servicios públicos esenciales, como la electricidad, a una mera función orientada a la obtención de utilidades.
El nuevo concepto de “empresas públicas del Estado” busca devolver a Pemex y CFE su carácter público y su responsabilidad social, priorizando la prestación del servicio público por encima de la generación de ganancias. De acuerdo con el texto aprobado, se reafirma que la misión principal de estas empresas será garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio eléctrico para toda la población.
Participación privada bajo nuevas reglas
La reforma establece que las leyes serán las que definan el marco en el que los actores privados podrán participar en la industria eléctrica. Sin embargo, deja claro que ninguna actividad privada tendrá prioridad sobre las funciones de las empresas públicas del Estado. Asimismo, se especifica que no serán considerados monopolios los sectores estratégicos en los que el Estado ejerza control exclusivo, como el servicio de Internet que éste provea y la planificación y control del sistema eléctrico nacional.
Camino a las legislaturas estatales
Tras ser aprobada en el Senado, la reforma ha sido enviada a las legislaturas estatales para su análisis y votación. Este es el último paso antes de que los cambios constitucionales entren en vigor, consolidando un nuevo modelo para Pemex y CFE, que podría tener importantes implicaciones para el sector energético en México.
Este cambio supone un paso más en la agenda del gobierno para recuperar el control del Estado en sectores estratégicos y fortalecer su rol en la prestación de servicios públicos esenciales.