La directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, María Luisa Aguilar Rodríguez, y la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Elena Azaola Garrido, expresaron su preocupación por el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que reporta 132 mil 534 personas desaparecidas en México.
Aguilar Rodríguez señaló que la presentación oficial “preocupa en distintas dimensiones” y cuestionó la narrativa que desvincula las desapariciones actuales de la responsabilidad del Estado. Afirmó que atribuir estos casos exclusivamente al crimen organizado resulta “completamente erróneo” y contribuye a minimizar el papel de las instituciones.
Asimismo, advirtió que la falta de información en cerca del 36% de los registros no debe ser un obstáculo para la acción gubernamental. “Es responsabilidad de las instituciones garantizar que haya datos suficientes para la búsqueda, no de las familias”, subrayó.
La directora del Centro Prodh también cuestionó la baja apertura de carpetas de investigación —alrededor de 3,800—, al considerar que refleja obstáculos estructurales dentro de las fiscalías. “Evidencia lo que se ha dicho muchas veces: que no quieren abrir investigaciones”, señaló, además de advertir los riesgos que enfrentan las familias al denunciar.
En este contexto, recordó que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU activó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la convención internacional, tras no observar cambios sustantivos por parte del Estado mexicano. Este proceso permitirá determinar si las desapariciones en el país ocurren de forma generalizada o sistemática, lo que podría escalar el caso a instancias superiores de Naciones Unidas.
Aguilar Rodríguez enfatizó que la respuesta estatal no debe centrarse en minimizar cifras, sino en reconocer la magnitud de la crisis y abrirse a la cooperación internacional.
Por su parte, Azaola Garrido coincidió con el diagnóstico y criticó el enfoque institucional orientado a depurar estadísticas. Señaló que esta narrativa genera entre las familias la percepción de exclusión: “Es como si estuvieran diciendo ‘a tu hijo no lo vamos a contar’”.
La especialista también alertó sobre los altos niveles de impunidad, al señalar que existen menos de 50 personas sancionadas por desaparición en el país, lo que calificó como una “impunidad gigantesca”. En ese sentido, cuestionó que no exista el mismo esfuerzo en investigar y sancionar que en ajustar cifras.
Azaola subrayó que la crisis rebasa los registros oficiales, al mencionar la existencia de más de seis mil fosas clandestinas y alrededor de 72 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses. Advirtió que una política centrada únicamente en casos con carpeta de investigación deja fuera a un amplio universo de víctimas.
Finalmente, criticó la falta de transparencia en la respuesta del Estado mexicano ante el organismo internacional. “No conocemos la respuesta del Estado ante el comité”, señaló, al tiempo que llamó a demostrar no solo capacidad institucional, sino voluntad y sensibilidad frente a una crisis humanitaria que, afirmó, sigue sin ser atendida de manera integral.