La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que José Luis Moyá Moyá, conocido como el “Zar de las solicitudes de información”, fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y deberá enfrentar prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur mientras dure el procedimiento en su contra.
Las autoridades indicaron que las acusaciones están relacionadas con movimientos financieros sospechosos detectados desde 2023. Durante la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, el juez ordenó la inmovilización de sus cuentas bancarias y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, tiempo en el que se definirán más detalles de la situación legal de Moyá.
En el proceso judicial, el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Estratégica presentó pruebas sobre su posible participación en actividades de lavado de dinero. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, que fue concedida, pero el juez determinó prisión preventiva como medida cautelar para evitar cualquier intento de evasión.
Además de los señalamientos por presunto lavado de dinero, Moyá ha sido acusado de abuso del sistema de transparencia. Desde el 2002, habría presentado más de mil solicitudes y 700 recursos de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), lo cual utilizaba, presuntamente, para obtener información sensible y extorsionar a políticos, empresarios y funcionarios.
En agosto de 2023, Moyá participó en un evento en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde denunció actos de corrupción por parte de funcionarios públicos. Sin embargo, en medio de su intervención, un asistente lo confrontó, acusándolo de manipular la información con fines lucrativos, lo que generó controversia sobre su credibilidad.
El proceso continúa, y el plazo de tres meses para la investigación será clave para definir el destino judicial de quien fuera reconocido por su papel en el acceso a la información, ahora señalado por posibles actividades ilícitas.
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