Querétaro, México – Octubre 2024. Un caso de profunda revictimización y aparente falta de perspectiva de género ha generado una ola de indignación en México, luego de que la Fiscalía General de Querétaro busca encarcelar a Esmeralda, una menor de 14 años, tras sufrir un aborto espontáneo después de ser víctima de abuso sexual. El órgano acusador, además de imponerle tres años de prisión, exige que la joven pague una compensación económica a su agresor, decisión que ha sido condenada por autoridades federales y colectivos feministas.
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció firmemente contra la criminalización de la menor, subrayando que su administración está en contacto con la familia para ofrecerles apoyo legal. «No se debe criminalizar, y menos a una niña de 14 años», declaró Sheinbaum, recordando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictaminado que penalizar el aborto de manera absoluta es inconstitucional, protegiendo el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin temor a sanciones penales. Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, también expresó su respaldo y solicitó una reunión con las autoridades queretanas para abordar el caso y exigir justicia.
Revictimización y abuso de poder
Esmeralda, quien sufrió un aborto espontáneo en agosto de 2023, fue víctima de abuso sexual por un familiar tres años mayor, de acuerdo con el colectivo feminista Adax Digitales. A pesar de haberse probado la paternidad del agresor, la Fiscalía de Querétaro cerró la investigación sin proceder en su contra, lo que ha sido señalado como una clara revictimización de la menor.
Además de la condena de prisión, la Fiscalía exige una multa de 518 mil pesos en concepto de reparación del daño, a pagar al padre biológico del feto. Esta medida ha sido duramente criticada por organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, que denuncian que esta decisión vulnera los derechos de la menor, considerándola un acto de violencia institucional.
Perspectiva de género en entredicho
Este caso evidencia las profundas fallas en la impartición de justicia, reflejando la falta de perspectiva de género en el sistema judicial. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito ha denunciado en varias ocasiones la violencia institucional que sufren las víctimas de abuso sexual, situación que en este caso resulta en una preocupante intolerancia y abuso de poder.
Actualmente, Esmeralda se encuentra en arresto domiciliario a la espera de su juicio, mientras organizaciones feministas continúan exigiendo justicia y el cese de la criminalización de las mujeres por ejercer su derecho a decidir. Para las defensoras de derechos humanos, este caso no solo pone en evidencia las brechas de acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual, sino también una urgente necesidad de reformar el sistema judicial en México para evitar que se perpetúe la violencia institucional y la revictimización.
Con información Fernanda Familiar