Ciudad de México, 27 de noviembre de 2024. El Senado de la República aprobó una serie de reformas que fortalecen las facultades de diversas secretarías y establecen la creación de nuevas instituciones, mientras se otorga a la Secretaría de Gobernación (Segob) el control de los datos biométricos de los mexicanos, facultándola para compartirlos con las instituciones que lo requieran.
Con 82 votos a favor y 39 en contra, se avaló que la Segob asuma la operación del Servicio Nacional de Identificación Personal y comparta esta información con autoridades competentes, en línea con las disposiciones jurídicas vigentes. Esta medida fue criticada por sectores de la oposición, quienes advierten posibles riesgos a la privacidad de los ciudadanos.
Desaparición de órganos autónomos
El pleno también aprobó la creación de nuevas dependencias como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, las cuales absorberán funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Legisladores de la oposición señalaron que estas reformas eliminan la imparcialidad necesaria para regular sectores estratégicos y garantizar la transparencia, al concentrar estas funciones en el Poder Ejecutivo. “El Ejecutivo no puede ser juez y parte”, subrayaron.
Reformas y creación de nuevas secretarías
Con unanimidad, el Senado respaldó la creación de las secretarías de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y de la Mujer, además de reforzar las facultades de otras secretarías como Seguridad, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Salud. También se garantizaron los derechos laborales de los empleados afectados por la transición de organismos autónomos.
Prisión preventiva para delitos relacionados con drogas sintéticas
En paralelo, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos avalaron una reforma que amplía los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esta incluye actividades relacionadas con drogas sintéticas, precursores químicos y falsos comprobantes fiscales.
La medida ha generado un intenso debate entre quienes consideran necesario fortalecer el combate a delitos graves y quienes temen un uso desmedido de la prisión preventiva en detrimento de los derechos humanos.
La discusión sigue abierta en diversos sectores, ante el impacto de estas reformas en la estructura del Estado mexicano y la protección de los derechos fundamentales.
Leticia Robles de la Rosa
Con información de Excelsior