Evo Morales Enfrenta Orden de Aprehensión por Presunta Trata de Personas y Rebelión
Un juez en Bolivia ha emitido una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales tras su inasistencia a dos audiencias en un caso relacionado con presunta trata de personas. La decisión fue anunciada este viernes por el juez Nelson Rocabado durante una audiencia pública, declarando a Morales como “rebelde” por no presentarse ante la justicia.
Contexto de la Acusación
El exmandatario, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, es acusado de mantener una relación con una menor de 15 años durante su mandato. Según la fiscalía, los padres de la menor consintieron la relación a cambio de beneficios políticos, lo que resultó en el nacimiento de una hija en 2016. Los cargos por trata de personas podrían llevar a Evo Morales a enfrentar penas de 10 a 15 años de prisión si es declarado culpable.
La audiencia programada para el martes fue suspendida debido a la ausencia de Morales, quien alegó problemas de salud. Sin embargo, el juez desestimó los certificados médicos presentados por la defensa, argumentando que no constituían impedimentos jurídicos válidos.
Consecuencias Legales
Con la nueva orden de aprehensión, Morales deberá comparecer ante el juez que lleva su caso. Además, se han congelado sus bienes y se le ha prohibido salir del país. La fiscal Sandra Gutiérrez indicó que el juicio se pausará hasta que Morales se presente ante la justicia.
Morales ha rechazado las acusaciones, señalando que un caso similar fue desestimado en 2020. Sin embargo, la fiscalía asegura que este caso presenta elementos más graves relacionados con la trata de personas.
Resguardo y Apoyo Político
A pesar de la orden de aprehensión, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, donde cuenta con el respaldo de sus seguidores. Vicente Choque, líder campesino cercano a Morales, afirmó que más de 2,000 personas se encargan de su seguridad para evitar su detención.
Desde el inicio de las investigaciones, Morales ha sostenido que es víctima de una “brutal guerra jurídica” impulsada por el actual gobierno de Luis Arce, su exministro y antiguo aliado. Ambos se encuentran en una disputa por el control del partido oficialista y la candidatura presidencial en las próximas elecciones.