El Congreso de la Ciudad de México designó recientemente a Patricia Ramírez Kuri como próxima titular del Instituto de Planeación, lo que generó especulaciones sobre una posible estrategia del oficialismo para acelerar nombramientos pendientes en el gobierno local. Sin embargo, las designaciones para las fiscalías especializadas han quedado en pausa debido a disputas internas de poder entre distintos grupos políticos de la capital.
En diciembre pasado, el Congreso capitalino nombró a Bertha Alcalde como fiscal general de la CDMX, sucediendo a Ulises Lara, quien asumió el cargo de manera interina tras la salida de Ernestina Godoy al gobierno federal. El problema radica en que la designación de Alcalde se realizó al mismo tiempo que los procesos para seleccionar a los titulares de las fiscalías especializadas, lo que impidió avanzar de manera coordinada.
Dos de los principales aspirantes para encabezar estas fiscalías eran José Gerardo Huerta Alcalá y Daniel Osorio Roque, cercanos al exfiscal Lara, quien, según diversas fuentes legislativas, buscaba mantener influencia dentro del Ministerio Público. No obstante, los procesos para formalizar estos nombramientos fueron detenidos en el Congreso local y, hasta ahora, no hay una fecha definida para su votación en el pleno de Donceles.
Fuentes internas del Legislativo reconocen que la falta de avances responde a tensiones al interior de la Fiscalía General, donde Bertha Alcalde no vería con buenos ojos que su antecesor continúe ejerciendo poder. Esta situación ha dejado en incertidumbre el destino de dos oficinas clave para el funcionamiento del sistema de justicia capitalino.
Mientras tanto, en el Congreso local persisten las dudas sobre cuándo y cómo se resolverán estos nombramientos, a la espera de indicaciones claras desde el gobierno local, las cuales no han llegado hasta el momento. Esta falta de definición mantiene paralizadas decisiones importantes que podrían influir en la operación de la Fiscalía de la Ciudad de México.