Toluca, Edomex.— Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las jóvenes en espacios recreativos nocturnos, el coordinador del Partido Verde en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, presentó una propuesta para distribuir gratuitamente pulseras inteligentes capaces de detectar drogas en bebidas.
La iniciativa, respaldada por el Grupo Parlamentario del Verde en el Congreso local, busca atender el creciente temor entre mujeres jóvenes a convertirse en víctimas de sumisión química, una práctica delictiva mediante la cual se introducen sustancias en bebidas para anular la voluntad de la víctima.
Las pulseras “Centinela” funcionan con solo una gota de líquido y detectan en segundos la presencia de sustancias depresoras o estimulantes. Además, están diseñadas para conectarse con una app móvil que, en caso de emergencia, lanza una alerta de ubicación a las autoridades.
“El miedo de salir de noche no puede seguir siendo parte de la rutina de nuestras jóvenes. Esta herramienta es un paso concreto para cuidarlas”, señaló Pepe Couttolenc, quien destacó que la propuesta surgió tras encuentros con universitarias preocupadas por su seguridad, así como por los hallazgos del “Operativo Atarraya”, mediante el cual se han clausurado más de 100 establecimientos irregulares que expendían alcohol.
El plan contempla una fase piloto en municipios de alta densidad poblacional como Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca, donde se repartirán 10 mil pulseras, principalmente entre estudiantes.
Además de la distribución, la propuesta considera tres ejes clave: reforzar la vigilancia en bares y antros; tipificar el delito de sumisión química en el Código Penal estatal con penas de hasta siete años de prisión; y promover la colaboración entre autoridades estatales y municipales para facilitar la entrega gratuita del dispositivo.
Couttolenc recordó que el Verde ya ha impulsado otras acciones innovadoras como los captadores de agua pluvial en escuelas, y aseguró que su bancada continuará trabajando para ofrecer soluciones prácticas que prioricen la integridad de las personas.
“La seguridad de nuestras jóvenes no es opcional, es una obligación del Estado y también un compromiso político”, concluyó.