Bogotá, Colombia — A más de tres décadas de la caída de Pablo Escobar, Colombia sigue enfrentando las consecuencias de un fenómeno que marcó su historia: el reclutamiento de adolescentes como sicarios. Este patrón, originado durante la era del narcotráfico en los años 80, sigue vigente, dejando profundas secuelas sociales y psicológicas entre la juventud más vulnerable del país.
El tema recobró fuerza luego del reciente atentado contra el aspirante presidencial Miguel Uribe, quien fue atacado a balazos en un parque de Bogotá. El presunto agresor es un menor de 15 años, cuya participación volvió a poner bajo los reflectores la problemática de los adolescentes involucrados en delitos graves. Aunque el joven se declaró inocente y permanece detenido, el hecho refleja una dolorosa realidad que Colombia no ha logrado erradicar.
Un video del ataque, difundido en redes sociales, muestra al menor disparando entre la multitud. Uribe recibió tres impactos y permanece en estado crítico. Para Mathew Charles, exasesor de Unicef en Colombia, este tipo de casos “no son excepcionales” en un país donde las bandas criminales han aprendido a explotar la vulnerabilidad infantil.
Un fenómeno estructural
Según la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el crimen organizado recluta a menores de edad aprovechando su situación de pobreza, deserción escolar y entornos familiares inestables. Además, enfrentan penas menores al ser juzgados bajo el sistema de justicia juvenil. “Los adolescentes son el blanco perfecto: son descartables, manipulables y reciben castigos más leves”, explicó.
Datos del Ministerio de Justicia revelan que en 2024 casi 5 mil jóvenes entre 14 y 17 años ingresaron al sistema penal por delitos como homicidio, extorsión y porte ilegal de armas.
Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, subraya que el consumo de drogas es otro factor que agrava el problema, ya que muchas veces es usado como mecanismo de control por parte de las mafias.
Justicia juvenil: ¿reeducar o castigar?
Colombia aplica un enfoque restaurativo en su justicia para menores, en línea con tratados internacionales. Las penas para adolescentes pueden llegar a un máximo de ocho años, incluso en casos de homicidio, frente a los hasta 50 años que enfrentan los adultos.
El penalista Francisco Bernate señala que los adolescentes aún no tienen la madurez emocional ni cognitiva para comprender plenamente las consecuencias de sus actos, lo que justifica un tratamiento diferenciado. Sin embargo, este enfoque ha generado un debate sobre su eficacia en casos de delitos graves vinculados al crimen organizado.
Violencia heredada
Los antecedentes de menores utilizados como sicarios no son nuevos. Uno de los casos más emblemáticos fue el asesinato del candidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa en 1990, cometido por un joven de 16 años. El adolescente fue liberado poco más de un año después y fue asesinado junto a su padre en Medellín en 1992.
Otros crímenes, como el del ministro Rodrigo Lara Bonilla (1984) y el exguerrillero Carlos Pizarro (1990), también fueron ejecutados por jóvenes reclutados por estructuras criminales, dejando una marca imborrable en la historia del país.
Un llamado urgente a la prevención
La persistencia de este fenómeno evidencia la necesidad de respuestas integrales que vayan más allá del sistema penal. Expertos coinciden en que la prevención, la educación, la salud mental y la inversión social deben ser pilares centrales para evitar que más adolescentes sean arrastrados a la violencia.
“Mientras la pobreza y el abandono sigan siendo el pan de cada día, los niños serán vistos como soldados baratos por el crimen”, concluye Charles.
El legado de Escobar no solo dejó un historial de sangre, sino también una generación atrapada en un ciclo de marginalidad que, más de 30 años después, Colombia aún no ha logrado romper.