Chiapas se ha convertido en el estado con el mayor número de votos anulados en las elecciones de 2024, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) detectara múltiples irregularidades en el 21.1% de las casillas instaladas. En total, 616 de las 2,914 casillas fueron invalidadas, lo que representa más de un millón 850 mil sufragios descartados.
Entre las anomalías más frecuentes se encuentran las llamadas “boletas planchadas”, es decir, papeletas marcadas de forma idéntica, lo cual genera sospechas de manipulación. Estas prácticas se identificaron principalmente en municipios como Palenque, Ocosingo, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez. Además, en varias casillas se reportó una participación electoral inusualmente alta, incluso superior al 100% del padrón, sin justificación documentada.
A nivel nacional, el INE anuló un total de 878 casillas en el proceso de elección de magistraturas de circuito. De ellas, 569 presentaban patrones de boletas planchadas; 328 reportaban una votación que superaba el 50% del listado nominal, algo poco habitual; 13 mostraban evidencias de inducción al voto mediante acordeones, y 12 excedían el 100% de participación.
Chiapas concentró la mayor parte de estas irregularidades: 420 de las casillas con boletas idénticas se ubicaron en este estado, así como 160 de las que mostraban participación atípicamente alta. Otras entidades con incidencias fueron Puebla, Oaxaca, Veracruz y la Ciudad de México. Puebla ocupó el segundo lugar nacional en votos anulados, con 225,801 sufragios invalidados.
Ante esta situación, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, anunció el inicio de una investigación formal para esclarecer si funcionarios electorales, capacitadores o personal de juntas distritales facilitaron o participaron en estas anomalías.
En caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) llegara a considerar la anulación de los comicios en Chiapas, dicha decisión tendría que basarse exclusivamente en el impacto estatal de las casillas invalidadas.
Este caso ha reavivado el debate sobre la vulnerabilidad de los procesos electorales en regiones con alta conflictividad social, y ha evidenciado la urgencia de fortalecer los mecanismos de vigilancia, prevención y sanción para asegurar la integridad del voto ciudadano.