Ciudad de México.- La reciente aprobación de reformas a la Ley de la Guardia Nacional ha encendido las alarmas entre organismos internacionales y defensores de derechos humanos, quienes advierten que las nuevas facultades otorgadas a esta corporación podrían vulnerar garantías fundamentales y debilitar el control civil sobre las instituciones de seguridad.
La ley en cuestión contempla ampliar las atribuciones de la Guardia Nacional en materia de inteligencia e investigación, además de permitir que sus elementos soliciten licencia para postularse a cargos de elección popular. Esta disposición, según Amnistía Internacional, representa una amenaza al equilibrio democrático y podría abrir la puerta al uso político de una fuerza de seguridad originalmente concebida con fines operativos.
En un comunicado, Amnistía Internacional señaló que la reforma podría permitir que la Guardia Nacional ejerza influencia sobre el rumbo político del país, lo que representa un riesgo para el modelo democrático y los derechos de la ciudadanía. Por ello, hizo un llamado al Congreso de la Unión para frenar su implementación y realizar un análisis exhaustivo del impacto que podría tener sobre los derechos humanos.
Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su inquietud a través de redes sociales, recordando que la seguridad pública debe estar en manos de autoridades civiles sujetas a mecanismos democráticos y con respeto estricto a los derechos fundamentales.
Organizaciones como madres buscadoras y colectivos de defensa de derechos humanos también han manifestado su rechazo, advirtiendo que estas reformas pueden derivar en abusos de poder, manipulación de pruebas y una disminución del acceso a la justicia. Esto se agrava ante el hecho de que la Guardia Nacional podría intervenir en la cadena de custodia de evidencia, antes de que lo hagan las autoridades ministeriales, incrementando el riesgo de impunidad en casos de violaciones cometidas por agentes estatales.
Además de las críticas de organismos internacionales, la reforma ha generado tensiones políticas internas. En la Cámara de Diputados, legisladores del PRI y PT protagonizaron enfrentamientos durante su discusión, reflejo de la polarización en torno a este cambio legal.
Diversos sectores han insistido en que la militarización de la seguridad pública no puede ser el camino para garantizar la paz y la justicia, sobre todo cuando aún persisten señalamientos sobre prácticas indebidas en corporaciones de este tipo. La demanda central: que se priorice el papel de instituciones civiles, se respete el marco legal internacional, y se refuercen los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.