Ciudad de México.- Diversos estados del país enfrentan una creciente amenaza ambiental debido a la expansión del pez diablo, una especie invasora que está alterando el equilibrio de ecosistemas acuáticos y afectando la actividad pesquera local.
Reportes recientes señalan que esta especie ha sido detectada en cuerpos de agua de Veracruz, Nuevo León y Quintana Roo, donde su presencia se ha vuelto cada vez más frecuente. En Veracruz, los pescadores de zonas como los ríos Coatzacoalcos, Jaltepec y Chiquito aseguran que la especie ha invadido los cauces de manera alarmante. En algunos puntos como “El Tortuguero”, se estima que se capturan hasta 1,500 ejemplares por día, aunque la mayoría termina desechada por su escaso valor comercial y su falta de uso alimenticio.
En el norte del país, en Nuevo León, han aparecido ejemplares en el Río Ramos, en Montemorelos, así como en la presa El Cuchillo, en el municipio de China. Incluso se han observado grupos de peces fuera del agua, muertos, lo que da señales de una propagación sin precedentes.
Frente a esta problemática, autoridades de Quintana Roo iniciaron acciones preventivas. En febrero, el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas (Ibanqroo), junto con otras dependencias, formó una brigada especializada para capturar e investigar a esta especie en la Laguna de Bacalar.
Una amenaza que devora biodiversidad
El pez diablo, cuyo nombre científico es Hypostomus plecostomus, es originario de Sudamérica y fue introducido en México como pez ornamental para peceras. Sin embargo, en ambientes naturales se ha convertido en una plaga invasiva. Compite agresivamente con especies nativas por alimento y espacio, y además consume huevos de peces como la mojarra y el camarón, afectando sus poblaciones y, por ende, los ingresos de las comunidades pesqueras.
Con una resistencia inusual, el pez puede sobrevivir hasta 24 horas fuera del agua y moverse por tierra corta si hay cuerpos de agua cercanos, lo que complica su erradicación. Además, sus escamas gruesas y espinas pueden dañar las redes de pesca, generando mayores costos para los pescadores.
Autoridades ambientales continúan evaluando estrategias para contener su expansión y mitigar los daños que está causando tanto en los ecosistemas como en la economía loca