Ciudad de México.– Habitantes y comerciantes desalojados de un inmueble en el Centro Histórico denunciaron este jueves que el operativo policial con el que fueron retirados de sus viviendas fue violento, irregular y violatorio de sus derechos humanos. Aseguraron que además de la pérdida de su patrimonio, enfrentan graves afectaciones en su salud y economía.
El desalojo ocurrió la madrugada del 27 de agosto en el edificio ubicado en República de Cuba 11, a unas calles del Zócalo capitalino, donde 19 familias y varios negocios fueron sacados a la fuerza. Los vecinos aseguran que más de un centenar de policías ingresaron al inmueble sin previo aviso, rompiendo cerraduras y puertas, y que incluso participaron personas ajenas al operativo que sustrajeron sus pertenencias.
“Nos despojaron de nuestra casa, como si fuéramos invasores, cuando llevamos décadas pagando renta”, denunció Manuel Gómez Tello, uno de los afectados.
El saldo fue particularmente doloroso para la familia Montoya: Adrián, dueño de un taller de impresoras, sufrió un paro cardiaco un día después de ver su negocio y equipos destruidos en la calle. “Para mi padre fue devastador ver sus máquinas tiradas como basura”, dijo su hijo.
Otros vecinos, en su mayoría adultos mayores, también reportaron daños físicos y de salud. Arturo Velázquez, de 65 años, aseguró haber sido empujado por las escaleras durante el operativo, lo que le provocó la pérdida de un diente. La permanencia en la calle, añadieron, ha complicado el tratamiento de padecimientos crónicos como diabetes.
El abogado de los afectados, Arturo Aparicio, explicó que el conflicto se originó en un juicio por la propiedad del inmueble, iniciado contra un propietario fallecido en 1992. A pesar de ello, los inquilinos continuaron pagando renta a una empresa que no acreditó representación legal.
En protesta, los desalojados bloquearon una avenida y entregaron un pliego petitorio con 10 puntos al Gobierno capitalino, en el que exigen regresar al inmueble, transparencia en el proceso judicial y acompañamiento para denunciar abusos.
Aparicio sostuvo que el operativo vulneró el derecho a la vivienda y a un debido proceso, además de que las autoridades han intentado criminalizar a los vecinos al presentarlos como “paracaidistas” u “ocupas”. También denunció que el diálogo con el Gobierno se encuentra detenido y que algunos apoyos han sido condicionados a la renuncia de la ayuda de organizaciones civiles.
Los vecinos mantienen un campamento frente al edificio, a la espera de respuestas y en medio de la incertidumbre sobre el futuro de sus hogares.