El tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación, en Mineápolis, donde dos menores perdieron la vida y 21 resultaron heridos, abrió un nuevo frente en el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. La agresora, identificada como Robin Westman, una mujer trans, llevó a la Administración Trump a plantear una medida polémica: limitar la compra de armas de fuego para personas transgénero.
De acuerdo con CNN, la propuesta contempla evaluaciones de salud mental específicas para quienes padezcan disforia de género, con el argumento de prevenir riesgos de violencia armada. Sin embargo, especialistas advierten que la iniciativa podría chocar con la ley federal, la cual establece que solo un juez puede declarar a una persona mentalmente incapaz de portar armas. Además, la Organización Mundial de la Salud retiró en 2018 a la disforia de género de la lista de enfermedades mentales, lo que debilita los fundamentos legales de la propuesta.
Organizaciones como GLAAD denunciaron que la administración está utilizando a la comunidad trans como “chivo expiatorio”, mientras que el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, calificó la iniciativa como un intento de demonizar a un sector de la población en lugar de buscar soluciones reales.
No es la primera vez que el gobierno de Trump adopta medidas que afectan a personas trans; anteriormente se prohibió su participación en el servicio militar y en competencias deportivas financiadas por el Estado. Para diversos colectivos civiles, este nuevo planteamiento representa un paso más hacia la restricción de derechos fundamentales.
El debate, que mezcla seguridad pública, salud mental y derechos constitucionales, se encuentra en una fase inicial, pero promete intensificar la polarización sobre armas y derechos de las minorías de género en Estados Unidos.