Ciudad de México.– La reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión legislar en materia de extorsión comenzó a avanzar en los congresos locales. Hasta este miércoles, los legislativos de Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Nayarit habían aprobado la minuta enviada por el Senado, donde fue respaldada por unanimidad.
Con estos primeros avales, aún se requiere el voto favorable de 12 congresos estatales para que la reforma pueda declararse constitucional y ser promulgada por el Ejecutivo federal. El objetivo central es frenar prácticas como el cobro de piso, las llamadas de intimidación y otras formas de amenaza utilizadas por la delincuencia organizada.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Lucía Trasviña, subrayó que la extorsión afecta tanto a hogares como a comercios y comunidades completas. De acuerdo con cifras oficiales, en enero de 2025 se denunciaron casi 30 casos diarios, lo que representa un incremento del 57% en los últimos seis años.
Datos del Inegi refieren que este delito fue el más recurrente contra las unidades económicas en 2023, generando pérdidas superiores a 124 mil millones de pesos, equivalentes al 0.51% del PIB.
Durante la discusión en el Senado, legisladores de distintos partidos coincidieron en la urgencia de enfrentar el problema. La senadora Rocío Corona Nakamura advirtió que el cobro de piso se realiza “a plena luz del día”, mientras que Karla Toledo (PRI) sostuvo que “México no aguanta más el cáncer de la extorsión”. En tanto, Verónica Ramírez (PAN) destacó que solo en el primer semestre de 2025 se contabilizaron 5,887 víctimas, la cifra más alta en registros recientes.
Los puntos clave de la reforma incluyen:
Homologar sanciones en todo el país. Fortalecer la coordinación entre federación, estados y municipios. Permitir la persecución de oficio del delito. Ampliar la protección y certeza jurídica para las víctimas.
Con estas medidas, el Congreso busca enviar un mensaje contundente contra la impunidad, proteger la economía de los pequeños negocios y consolidar una estrategia nacional frente a la extorsión.