La pobreza menstrual continúa siendo una problemática vigente en México, con efectos directos en la educación y el bienestar de niñas y mujeres. De acuerdo con datos recientes, cuatro de cada diez estudiantes mexicanas señalaron que evitan asistir a la escuela durante su periodo menstrual debido a la falta de insumos, información y condiciones adecuadas.
En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el próximo 8 de enero un proyecto que propone extender la tasa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a todos los productos destinados a la gestión menstrual, y no únicamente a tampones, toallas sanitarias y copas menstruales, como se estableció en la reforma fiscal de 2022.
El proyecto fue presentado por el magistrado Irving Espinosa Betanzo, quien planteó que el Estado mexicano debe garantizar condiciones que favorezcan la salud pública, evitando cargas económicas adicionales para quienes, por razones biológicas y de género, requieren este tipo de productos de manera regular.
La propuesta advierte que excluir ciertos insumos del beneficio fiscal perpetúa desigualdades estructurales, afectando con mayor severidad a personas en situación de pobreza o marginación. En ese sentido, se argumenta que negar un trato tributario equitativo a productos con la misma finalidad vulnera el principio de una menstruación digna.
El caso surge a partir de un amparo promovido por la empresa Nueva Walmart México, que impugnó la constitucionalidad de una disposición de la Ley del IVA al considerar que genera un trato desigual. La empresa señaló que artículos como pantiprotectores, ropa interior menstrual, productos de higiene íntima femenina y parches para cólicos continúan gravados con una tasa del 16 %, pese a cumplir funciones similares a los productos exentos.
El proyecto reconoce que el objetivo inicial de la reforma fiscal fue facilitar el acceso a insumos básicos y promover la educación menstrual, por lo que concluye que todos los productos destinados a ese fin deberían recibir el mismo tratamiento tributario para garantizar la equidad fiscal.
A esta discusión legal se han sumado organizaciones de la sociedad civil, que desde hace años impulsan acciones para asegurar el derecho a una menstruación digna. En mayo pasado, diversas asociaciones presentaron ante la SCJN un documento de apoyo jurídico con argumentos para eliminar el IVA en todos los productos de gestión menstrual.
De acuerdo con la organización Mexicanos Primero, la pobreza menstrual sigue impactando de forma significativa a estudiantes en el país, evidenciando la urgencia de políticas públicas que atiendan esta realidad desde una perspectiva de derechos humanos y equidad social.