Hidalgo.– La situación que enfrentan los centros penitenciarios del estado dista considerablemente de la narrativa oficial sobre avances en materia de reinserción social. De acuerdo con el Informe Anual de Centros de Reinserción Social y de Internamiento para Adolescentes 2025, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), el sistema penitenciario continúa inmerso en una crisis marcada por sobrepoblación, falta de personal y carencias operativas que se han prolongado durante años.
El documento revela que los 12 centros de reinserción social y el centro de internamiento para adolescentes operan con déficits constantes de custodios, personal médico y especialistas, además de presentar instalaciones deterioradas y problemas de gobernabilidad interna que impiden garantizar condiciones mínimas de dignidad para las personas privadas de la libertad.
Estas deficiencias también se reflejan en el plano nacional. En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024, Hidalgo obtuvo una calificación promedio de 5.79, colocándose entre las entidades con peor desempeño. Centros como Jacala, Ixmiquilpan, Huichapan y Molango fueron señalados de manera reiterada por fallas en servicios de salud, deficiente separación entre población varonil y femenil, ausencia de mecanismos eficaces de protección a derechos humanos y procesos disciplinarios inadecuados.
La sobrepoblación agrava el panorama. El penal de Pachuca concentra a más de 2 mil 500 personas, además de la población femenil, mientras que centros ubicados en Tula, Tulancingo, la Huasteca Hidalguense, Actopan, Ixmiquilpan y Molango superan su capacidad instalada. El Centro de Internamiento para Adolescentes, por su parte, alberga a 18 menores. Esta saturación incrementa los riesgos de violencia y deteriora la convivencia interna.
La CDHEH advierte que el hacinamiento impacta directamente en la salud física y mental de las personas internas, propicia conductas agresivas, aislamiento y debilita el tejido social dentro de los penales, sin que hasta ahora se implementen soluciones de fondo.
El informe también señala que gran parte del presupuesto penitenciario se destina únicamente a cubrir necesidades básicas, lo que limita la inversión en infraestructura, ampliación de espacios y fortalecimiento de programas de reinserción. A ello se suma que varios centros fueron construidos sin criterios técnicos adecuados, dificultando el control interno y la correcta aplicación de estrategias de rehabilitación.
Las cifras oficiales confirman el crecimiento de la población penitenciaria: de poco más de cinco mil personas en 2024, se pasó a cerca de cinco mil 700 en septiembre de 2025, sin que este aumento fuera acompañado de más personal, servicios médicos suficientes o mejoras estructurales, lo que ha generado mayor tensión al interior de los centros.
En materia de salud, el panorama es especialmente delicado. En varios penales no existe atención médica permanente ni servicios especializados para mujeres, pese a la presencia de embarazos, menores que viven con sus madres y enfermedades crónicas sin seguimiento adecuado. La atención depende de instancias externas, lo que retrasa diagnósticos y tratamientos.
La escasez de custodios ha derivado en jornadas extenuantes, capacitación limitada y ausencia de protocolos claros. Incluso se documentaron áreas de castigo cerradas sin supervisión, prácticas contrarias a los estándares en derechos humanos.
Aunque el informe reconoce mejoras aisladas, como mantenimiento menor en algunas instalaciones, estas resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. En los hechos, el diagnóstico desmonta la idea de una transformación profunda y exhibe un sistema penitenciario rebasado, con recursos limitados y una deuda histórica con miles de personas privadas de la libertad.
Bajo la actual administración estatal, la reinserción social en Hidalgo continúa siendo más un discurso que una política pública efectiva, mientras la crisis en las cárceles permanece sin atención integral.