El gobierno de Irán implementó un corte masivo de internet en un intento por contener las protestas sociales que desde hace doce días se han extendido a la mayor parte del territorio nacional y representan el desafío interno más serio para el régimen clerical desde 2022.
De acuerdo con reportes oficiales y medios locales, la interrupción del servicio se registró en 25 de las 31 provincias, afectando de manera significativa la comunicación, el acceso a redes sociales y la difusión de información sobre las movilizaciones.
Pese a las restricciones, las protestas continúan. En Teherán, manifestantes tomaron una de las principales arterias de la capital como parte de las acciones de presión contra las autoridades. Las movilizaciones comenzaron el 28 de diciembre, cuando comerciantes salieron a las calles para denunciar el alza de precios y la devaluación del rial, inconformidad que rápidamente se propagó a otras ciudades y sectores de la población.
El avance del movimiento ha dejado un saldo violento. Fuentes oficiales han reconocido al menos 21 personas fallecidas, entre ellas elementos de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos reportan cifras mayores. La ONG Iran Human Rights estima que el número de manifestantes muertos asciende a al menos 45, incluidos ocho menores de edad.
La crisis también ha provocado reacciones en el ámbito internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a las autoridades iraníes y amenazó con represalias si se intensifica la represión contra los manifestantes.
En contraste, desde Teherán, el presidente iraní Masud Pezeshkian hizo un llamado público a la moderación, exhortando a las fuerzas de seguridad a actuar con prudencia. Asimismo, insistió en la necesidad de abrir espacios de diálogo y atender las demandas sociales, en un contexto marcado por la tensión, la inconformidad económica y el endurecimiento de las medidas de control.