El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó y mató a una mujer estadounidense en Mineápolis cuenta con “inmunidad absoluta”; sin embargo, especialistas en derecho y autoridades locales rechazaron que exista sustento legal para esa afirmación.
El hecho ocurrió el miércoles pasado, cuando el agente Jonathan Ross abatió a Renee Good, de 37 años, durante un operativo federal. Desde un inicio, la administración del presidente Donald Trump sostuvo que el agente actuó en defensa propia, al señalar que la víctima habría intentado atropellarlo con su vehículo.
No obstante, Emmanuel Mauleón, experto en derecho policial de la Universidad de Minnesota, explicó que los agentes federales no gozan de inmunidad absoluta. Aclaró que, si bien pueden estar protegidos por otras figuras legales, como la llamada inmunidad de supremacía, esta solo aplica cuando el uso de la fuerza es legal, necesario y proporcional.
Mauleón subrayó que, en caso de que se determine que el agente actuó de manera negligente, imprudente o injustificada, podría enfrentar cargos tanto a nivel estatal como federal, que van desde homicidio involuntario hasta la privación intencional de derechos constitucionales.
En la misma línea, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, negó que el agente esté amparado por una protección absoluta y señaló que el caso debe analizarse conforme a la ley y a las circunstancias del uso de la fuerza letal.
La investigación está a cargo del FBI, que concentra las pruebas del caso. Sin embargo, autoridades estatales y municipales, incluido el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, han expresado preocupación por la falta de acceso al expediente y han pedido mayor transparencia en el proceso.
El caso ha generado comparaciones con el asesinato de George Floyd en 2020, ocurrido también en Mineápolis, cuyo responsable fue condenado tanto en tribunales estatales como federales. Especialistas advierten que adelantar conclusiones oficiales antes de concluir la investigación podría afectar la credibilidad y la imparcialidad del proceso.