La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que en Venezuela continúan funcionando “centros de detención clandestinos”, pese a la liberación reciente de presos políticos, informó este miércoles la relatora especial para el país, Gloria Monique de Mees, durante una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La relatora señaló que la permanencia de estas instalaciones refleja “la naturaleza estructural de las violaciones a los derechos humanos y la ausencia de una supervisión institucional efectiva”. Subrayó que, aunque el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez ha iniciado un proceso de excarcelaciones, la situación de los derechos humanos sigue siendo alarmante.
De acuerdo con la información recabada por la CIDH, hasta el 19 de enero habían sido liberadas 143 personas detenidas por motivos políticos. No obstante, el organismo reiteró la necesidad urgente de contar con datos “transparentes, actualizados y verificables” sobre las condiciones en que se realizan estas liberaciones.
Venezuela se mantiene bajo un “estado de conmoción exterior”, decretado el pasado 3 de enero tras el derrocamiento del expresidente Nicolás Maduro, quien espera juicio en Nueva York junto a su esposa por cargos de narcotráfico. En este contexto, la CIDH solicitó información detallada sobre la aplicación del decreto, en particular sobre el número de personas detenidas y los centros donde permanecen recluidas.
La presión internacional, especialmente de Estados Unidos, habría influido en el acuerdo para la liberación de presos; sin embargo, familiares y organizaciones de derechos humanos denuncian que el proceso avanza con lentitud.
Condiciones de detención y denuncias
El informe fue solicitado por el Consejo Permanente de la OEA tras el giro político en el país sudamericano. Aunque Venezuela anunció su salida de la organización en 2017, la OEA continúa considerándola Estado miembro, luego de que la Asamblea Nacional —entonces en manos de la oposición— desconociera la decisión del gobierno de Maduro.
La CIDH también recordó que Caracas rechazó en 2017 y 2020 las solicitudes de visita de expertos del organismo. Edgar Stuardo Ralón, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y la Prevención de la Tortura, afirmó que la Comisión ha recibido de forma constante denuncias sobre condiciones de detención deplorables, así como prácticas de tortura y malos tratos contra personas encarceladas por razones políticas.
Según datos de la CIDH, desde 2014 se han registrado más de 18 mil 700 detenciones políticas arbitrarias en Venezuela.
En el ámbito internacional, la caída de Maduro fue presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el inicio de una nueva etapa para el país. No obstante, el mandatario subrayó la importancia de garantizar la estabilidad política y el acceso a la explotación petrolera, y reiteró su respaldo al gobierno interino durante su participación en el Foro de Davos.
Por su parte, la líder opositora María Corina Machado pidió a Washington mantener la presión para lograr la liberación total de los presos políticos. “No es posible hablar de transición con represión”, afirmó.