El abogado Paulo Díez Gargari afirmó que el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, incurre en una contradicción respecto al llamado “convenio de la vergüenza”, relacionado con la explotación del Viaducto Bicentenario, y por ello decidió presentar como prueba superveniente el libro Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder dentro de un juicio por daño moral.
En entrevista para Aristegui en Vivo, Díez Gargari explicó que en mayo de 2025 Scherer interpuso una demanda en su contra, en la que aseguró que ni él ni el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador tuvieron participación o conocimiento del acuerdo. Sin embargo, sostuvo el abogado, en su libro el propio Scherer reconoce que fue el mandatario quien instruyó la firma del convenio.
El litigante citó un fragmento de la obra en el que, según dijo, se señala que el presidente ordenó al secretario Jorge Arganis Díaz Leal llevar a cabo la firma. “Tuve que adquirir el libro, revisarlo y presentarlo como prueba superveniente porque contiene afirmaciones que contradicen lo declarado previamente ante un juez”, explicó.
Señalamientos sobre la SICT
Díez Gargari sostiene que el convenio permitió a la empresa Aleatica continuar con la explotación del Viaducto Bicentenario, un bien nacional de uso común que —afirma— carece de concesión federal válida.
El abogado detalló que la firma del acuerdo se habría producido durante un periodo de transición en la entonces Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), tras la salida de Javier Jiménez Espriú y la llegada de Arganis, quien posteriormente enfrentó problemas de salud. Según su versión, durante ese lapso Scherer ejercía funciones estratégicas desde el área jurídica y permitió la formalización del convenio.
Asimismo, argumentó que el secretario Arganis se encontraba hospitalizado al momento de la firma y que se utilizó una firma digital en un documento fechado durante su incapacidad, lo que, a su juicio, evidenciaría irregularidades formales.
Respuesta de la defensa
De acuerdo con Díez Gargari, la defensa de Scherer sostiene que el libro no constituye un documento emitido por autoridad ni una resolución judicial firme, sino una obra editorial con opiniones y relatos personales, por lo que no sería un medio idóneo para acreditar conductas ilícitas.
El abogado rechazó esa postura y afirmó que no pretende utilizar el libro como sentencia, sino como elemento que demuestra inconsistencias en las declaraciones del ex funcionario. “Si alguien publica en un libro que ocurrieron ciertos hechos, está reconociendo algo que antes negó; eso puede ser relevante en un proceso judicial”, señaló.
Posibles acciones legales
Díez Gargari adelantó que analiza presentar una denuncia por presunto fraude procesal, al considerar que Scherer habría mentido ante un juez y posteriormente publicado una versión distinta en su obra. También dejó abierta la posibilidad de un debate público y documentado para exponer los argumentos y permitir que la sociedad conozca los hechos.
Finalmente, subrayó que la relevancia del caso radica en el impacto que tiene sobre bienes públicos y la administración federal. “Cuando se ocupa un cargo como consejero jurídico del presidente, las decisiones y declaraciones tienen consecuencias legales y de interés público”, concluyó.