El aumento en los precios internacionales del petróleo ante la tensión por el conflicto en Irán podría representar ingresos extraordinarios para México, aunque también implicaría riesgos para la inflación y las finanzas públicas, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad.
Durante una entrevista, el director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad, Óscar Ocampo, explicó que el país mantiene una posición compleja dentro del mercado energético: aunque es productor de petróleo, también depende en gran medida de la importación de combustibles como las gasolinas.
El especialista señaló que el instituto analizó posibles escenarios tomando como referencia episodios recientes de volatilidad energética, entre ellos la crisis generada tras la Invasión rusa de Ucrania en 2022. Ese antecedente permite estimar cómo podrían reaccionar los mercados si el precio del crudo se mantiene elevado durante un periodo prolongado.
Actualmente, la mezcla mexicana de exportación ronda los 88 dólares por barril. De acuerdo con Ocampo, si el promedio anual se acerca a los 90 dólares, el gobierno federal podría obtener ingresos petroleros adicionales significativos. Según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por cada dólar que sube el precio del petróleo por encima de lo previsto en los criterios de política económica, el Estado recibe alrededor de 11.6 mil millones de pesos adicionales.
Bajo ese escenario, el país podría registrar excedentes petroleros que superarían los 400 mil millones de pesos. No obstante, el impacto positivo podría verse reducido por el costo de contener el precio de los combustibles en el mercado interno.
Ocampo explicó que el gobierno enfrenta una disyuntiva: permitir que el incremento del petróleo se refleje en el precio final de las gasolinas o aplicar estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para evitar aumentos abruptos.
Permitir que el alza se traslade completamente al consumidor implicaría riesgos inflacionarios, especialmente si la inflación supera el umbral de 4 por ciento. Sin embargo, subsidiar los combustibles también tiene un alto costo fiscal.
El especialista recordó que en 2022 el gobierno aplicó estímulos fiscales masivos para contener el precio de las gasolinas, lo que implicó un gasto cercano a los 400 mil millones de pesos, prácticamente equivalente a los ingresos petroleros extraordinarios obtenidos ese mismo año.
Además, señaló que la situación actual presenta desafíos adicionales. Por un lado, existe un acuerdo entre autoridades y empresarios gasolineros para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro. Por otro, el país enfrenta un escenario fiscal más complejo que el de 2022, con un déficit que obliga a un proceso de consolidación de las finanzas públicas.
El economista advirtió que si el conflicto internacional se prolonga, los efectos negativos podrían extenderse más allá del sector energético. El encarecimiento del gas y de los fertilizantes podría elevar los costos de producción agrícola, lo que eventualmente impactaría en los precios de los alimentos.
Asimismo, en periodos de incertidumbre global los inversionistas suelen refugiarse en activos considerados seguros, como los bonos del Tesoro estadounidense o metales preciosos, reduciendo el flujo de capital hacia economías emergentes como la mexicana.
En ese contexto, Ocampo concluyó que, aunque el país podría beneficiarse temporalmente de mayores ingresos petroleros, un escenario prolongado de altos precios energéticos y volatilidad internacional tiende a ser adverso para la estabilidad económica.