En una acción coordinada entre autoridades capitalinas y fuerzas federales, fue desarticulada una célula delictiva vinculada a La Unión Tepito que operaba en el corazón de la Ciudad de México.
Como resultado del operativo, fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Angélica Adriana “N”, alias “La Guasona”, de 38 años, identificada como objetivo prioritario y presunta operadora financiera del grupo. De acuerdo con las investigaciones, trabajaba bajo las órdenes de Irving Jonathan “N”, conocido como “El Irving”, y se encargaba de recolectar el dinero en efectivo derivado de la venta de drogas en la colonia Buenavista.
Durante las diligencias también fue capturado Rommel “N”, alias “Rommi”, de 45 años, señalado como cuñado de Roberto “N”, alias “El Betito”, y presunto responsable de coordinar la distribución de sustancias ilícitas en distintos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc.
Asimismo, fueron detenidos Laura “N” y Víctor Hugo “N”, presuntos colaboradores encargados de ocultar armas y narcóticos en domicilios particulares.
Operativo e incautaciones
La intervención derivó de trabajos de inteligencia que permitieron ubicar los centros de operación del grupo. El despliegue incluyó una detención en flagrancia en la calle Saturno, así como cateos en inmuebles de las colonias Guerrero y Buenavista.
Como resultado, las autoridades aseguraron:
Más de 2 mil dosis de presuntas drogas (cocaína, marihuana y cristal) Dos armas de fuego cortas y 21 cartuchos útiles Un chaleco balístico Básculas grameras y teléfonos celulares
Contexto criminal
Las indagatorias señalan que los detenidos formaban parte de una célula generadora de violencia dedicada al narcomenudeo, así como a delitos de extorsión, robo y homicidio contra grupos rivales en la zona centro de la capital.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.
Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica