Ciudad de México.- Tras la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Trans, la capital del país enfrenta una preocupante disparidad entre los registros oficiales y los datos de organizaciones civiles sobre la violencia contra personas trans.
Mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reporta seis carpetas de investigación por transfeminicidio entre 2024 y lo que va de 2026, colectivos como el Centro de Apoyo a las Identidades Trans documentan al menos 13 casos en el mismo periodo.
La diferencia más marcada se registró en 2024, cuando activistas contabilizaron 10 asesinatos de personas trans en la ciudad, frente a tres reconocidos por la autoridad. Organizaciones como Letra ESE advierten que ese año fue el más violento del último lustro, con 17 crímenes de odio, de los cuales 11 correspondieron a mujeres trans.
Activistas señalan que esta “cifra negra” no sólo oculta la magnitud de la violencia, sino que también limita el acceso a la justicia, en medio de una falta de coordinación entre autoridades y colectivos.
Uno de los casos que refleja esta problemática es el de Nayrobi Flores Arcia, joven de 27 años reportada como desaparecida el 26 de febrero de 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc. Ante la falta de avances oficiales, su familia emprendió una búsqueda por cuenta propia.
El 6 de marzo, su cuerpo fue localizado en el parque lineal Ave Fénix, en Venustiano Carranza, con signos de violencia extrema. Fue identificado por su padre gracias a un tatuaje característico.
Las investigaciones derivaron en la detención de Luis Arturo “N”, quien habría sido captado por cámaras de vigilancia junto a la víctima la noche de su desaparición. El caso es investigado bajo el protocolo de transfeminicidio, figura legal incorporada al Código Penal capitalino en 2024 mediante la Ley Paola Buenrostro, que contempla penas de 35 a 70 años de prisión.
Pese a este marco legal, colectivos insisten en que es necesario fortalecer la aplicación de las políticas públicas y mejorar la comunicación institucional, para evitar que casos como el de Nayrobi y otras víctimas queden invisibilizados en las estadísticas oficiales.