La Barra Mexicana Colegio de Abogados, presidida por Ana María Kudisch Castelló, exhortó al Estado mexicano a atender las recomendaciones emitidas por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, con el objetivo de prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito en el país.
A través de un comunicado, el organismo expresó su preocupación por la crisis de desapariciones en México y por la remisión del caso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, instancia que podría analizar medidas adicionales para fortalecer la respuesta institucional.
La Barra Mexicana consideró “indispensable” llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre las denuncias de desapariciones forzadas, así como esclarecer posibles vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado señalados por el Comité.
Asimismo, destacó la necesidad de implementar mecanismos eficaces que permitan conocer la verdad de los hechos, además de brindar protección y acompañamiento a las familias de las víctimas, así como a organizaciones y defensores que participan en su búsqueda.
Llamado a fortalecer instituciones
El organismo también hizo un llamado a los Poderes de la Unión, autoridades federales y locales, fiscalías y comisiones de búsqueda para reforzar los mecanismos existentes, profesionalizar las investigaciones ministeriales y judiciales, y garantizar la protección integral de familiares y activistas.
Entre otras acciones, subrayó la importancia de consolidar registros nacionales confiables, combatir la impunidad y reconocer el derecho a la verdad y la memoria de las víctimas.
La Barra Mexicana enfatizó que la respuesta institucional no debe centrarse en la descalificación política de las observaciones internacionales, sino en la colaboración con los mecanismos del sistema de derechos humanos.
En ese sentido, instó al gobierno mexicano a aceptar la cooperación internacional como una oportunidad para fortalecer la legalidad y la confianza pública, y no como una forma de injerencia.
“México no puede normalizar el dolor de miles de familias ni postergar la respuesta que exige esta tragedia nacional”, señaló el organismo.
Finalmente, su presidenta afirmó que cumplir con las recomendaciones internacionales es “una obligación jurídica, ética y civilizatoria”, al tiempo que urgió a construir resultados medibles en la localización de personas, identificación de restos, judicialización de responsables y reparación integral a las víctimas.