La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una autorización judicial previa, una decisión que ha generado preocupación entre especialistas por sus posibles efectos en los derechos de los ciudadanos.
En entrevista con Aristegui Noticias, el abogado José Mario de la Garza, presidente de la organización civil Perteneces, advirtió que esta resolución amplía de manera significativa las facultades del Ejecutivo y no se limita a casos de delincuencia organizada o grandes empresas.
“Cualquier persona que la UIF detecte con operaciones irregulares o sospechosas podría ver sus cuentas bloqueadas sin pasar por un control judicial”, señaló.
Impacto directo y sin suspensión inmediata
El especialista explicó que esta medida debe analizarse junto con la reforma a la Ley de Amparo aprobada recientemente, ya que limita la posibilidad de obtener una suspensión provisional. Esto implica que, aun cuando el afectado impugne la decisión, no podrá disponer de sus recursos mientras se resuelve el juicio.
De la Garza indicó que un proceso de amparo puede tardar entre uno y dos años, periodo durante el cual el dinero permanecería congelado, lo que podría afectar gastos básicos como vivienda, alimentación o pagos crediticios.
“Una persona podría quedarse sin acceso a un solo peso durante todo ese tiempo”, advirtió.
Cambio de criterio y facultades discrecionales
El abogado recordó que anteriormente existían criterios jurisprudenciales que acotaban estas facultades, permitiendo el bloqueo solo en casos sustentados, generalmente a partir de solicitudes internacionales, además de garantizar la posibilidad de suspensión.
Sin embargo, la Corte decidió apartarse de esos precedentes, abriendo la puerta a una aplicación más amplia de esta herramienta. De acuerdo con el especialista, la medida otorga a la UIF un margen de discrecionalidad considerable.
“Basta con que se considere una operación como sospechosa para congelar los recursos”, explicó, al advertir posibles afectaciones a periodistas, organizaciones civiles o personas críticas del gobierno.
Sin control judicial previo
De la Garza subrayó que, a diferencia de otros países, en México no se requiere la intervención previa de un juez para autorizar el bloqueo de cuentas, lo que implica que no hay revisión de pruebas ni derecho de audiencia antes de ejecutar la medida.
También aclaró que recibir depósitos inusuales no constituye por sí mismo un delito, por lo que el riesgo radica en que se asuman conductas ilícitas sin una investigación previa concluyente.
Críticas por enfoque en la Corte
Finalmente, el especialista cuestionó que en el debate dentro de la SCJN hayan prevalecido posturas ideológicas, en lugar de un análisis estrictamente constitucional. Asimismo, vinculó la decisión con un posible debilitamiento institucional tras los recientes cambios derivados de la reforma judicial.
Aunque reconoció que el máximo tribunal tiene facultad para modificar sus propios criterios, enfatizó que este recurso suele emplearse con cautela por razones de seguridad jurídica, y consideró que en este caso no existen cambios sustanciales que justifiquen el viraje.