El gobierno de Colombia autorizó este lunes un protocolo oficial para practicar la eutanasia a cerca de 80 hipopótamos, como parte de una estrategia para controlar la reproducción de estos animales, descendientes de los ejemplares introducidos ilegalmente por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de 1980.
La medida, debatida durante años, ha generado controversia, especialmente entre habitantes de Puerto Triunfo, donde se ubica la Hacienda Nápoles, antigua propiedad del capo y hoy un sitio turístico que atrae a visitantes interesados en observar a los hipopótamos. Escobar murió en 1993 durante un operativo policial.
La ministra de Ambiente, Irene Vélez, firmó el documento que establece lineamientos para la coordinación institucional en el manejo de esta especie invasora. En conferencia de prensa, detalló que las acciones comenzarían en el segundo semestre del año.
El protocolo contempla que la eutanasia será una medida de último recurso, aplicable únicamente cuando otras alternativas no letales resulten inviables. Entre los métodos autorizados se encuentran la eutanasia química —mediante sedación y posterior administración de fármacos— y la eutanasia física, que implica el uso de rifles de largo alcance por tiradores certificados, buscando provocar la muerte inmediata con el menor sufrimiento posible.
La decisión ha sido criticada por la senadora animalista Andrea Padilla, quien calificó la medida como una “matanza de criaturas saludables” y responsabilizó al Estado por la situación, al tiempo que pidió priorizar métodos alternativos.
Entre las opciones consideradas previamente figuran el traslado de los animales a zoológicos y santuarios en el extranjero —sin éxito hasta ahora— y programas de esterilización iniciados en 2023, cuyo costo ronda los 9,800 dólares por ejemplar y conlleva riesgos para los animales.
Las autoridades advierten que, de no intervenir, la población de hipopótamos podría alcanzar los 500 individuos para 2030, lo que representaría un impacto negativo en los ecosistemas locales y en especies nativas como el manatí y la tortuga de río. Actualmente, estos mamíferos —que pueden pesar hasta tres toneladas— no tienen depredadores naturales en el país y se han expandido a lo largo del río Magdalena.
El Ministerio de Ambiente destinará hasta 1.7 millones de dólares para la implementación del plan. Mientras tanto, persiste el debate entre la necesidad de controlar una especie invasora y las preocupaciones éticas sobre el sacrificio de los animales.