Ciudad de México.- Con 87 votos a favor y 40 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un nuevo mecanismo que buscará identificar posibles vínculos de aspirantes a cargos de elección popular con grupos del crimen organizado rumbo a los comicios de 2027.
La reforma, que previamente fue avalada por la Cámara de Diputados, recibió el respaldo de la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso, por lo que ahora será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La nueva comisión funcionará como un órgano del Instituto Nacional Electoral (INE) y tendrá la responsabilidad de revisar los perfiles de los aspirantes que los partidos políticos decidan someter de manera voluntaria a evaluación.
Para realizar las verificaciones, el INE podrá apoyarse en información proporcionada por instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
De acuerdo con el dictamen aprobado, la comisión estará integrada por tres consejeros electorales y no contará con facultades sancionadoras. Tampoco podrá negar registros ni cancelar candidaturas. Su función será emitir evaluaciones de riesgo sobre los perfiles analizados para que los partidos determinen si mantienen o retiran a los aspirantes señalados por posibles nexos con actividades delictivas.
El debate legislativo estuvo marcado por posturas encontradas entre oficialismo y oposición. Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que la reforma podría derivar en un uso político de las instituciones de seguridad y cuestionaron que se transfiera al INE la responsabilidad de filtrar perfiles relacionados con el crimen organizado.
Por su parte, legisladores de Morena y partidos aliados defendieron la iniciativa al considerar que fortalecerá la integridad de los procesos electorales y contribuirá a evitar la infiltración del narcotráfico en cargos de representación popular.
Con la aprobación de la reforma, la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas deberá quedar instalada antes del inicio formal del proceso electoral de 2027.