El proyecto contempla un gasto de 10.63 billones de pesos, mayores recursos para sectores estratégicos y nuevas disposiciones para detectar irregularidades en la comercialización de combustibles.
Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó ante el Congreso de la Unión el Paquete Económico 2027, que contempla un crecimiento de la economía mexicana de al menos 2 por ciento, un gasto público de 10.63 billones de pesos y diversas medidas para fortalecer la recaudación y combatir el llamado huachicol fiscal.
De acuerdo con los documentos entregados, el gobierno federal estima que los ingresos tributarios alcanzarán un máximo histórico equivalente a 15.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). La estrategia se basa en mejorar la recaudación y reducir la evasión, sin proponer nuevos impuestos ni elevar las tasas generales vigentes.
El proyecto tampoco incluye modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), pese a las versiones que habían circulado sobre posibles ajustes en este gravamen.
Más recursos para ciencia, seguridad, salud y educación
La propuesta presupuestal contempla incrementos respecto al ejercicio anterior en áreas consideradas prioritarias para la administración federal:
Ciencia: 13 por ciento. Seguridad: 11.5 por ciento. Salud: 11.3 por ciento. Educación: 10.7 por ciento. Programas para el Bienestar: aumento por encima de la inflación.
Además, se plantea destinar una bolsa de 5.7 billones de pesos en inversión pública y mixta entre 2026 y 2030, con el objetivo de impulsar proyectos estratégicos de infraestructura en sectores como energía, agua y transporte.
En contraste, el presupuesto asignado al Tren Maya registra una reducción de 52 mil 448 millones de pesos frente a 2026, debido al avance gradual de su etapa de construcción.
Nuevas reglas para combatir el huachicol fiscal
Una de las principales novedades se encuentra en la propuesta de reforma a la Ley Federal de Ingresos, que busca establecer un mecanismo de cobro para detectar posibles diferencias entre el combustible adquirido legalmente y el comercializado.
A partir del 1 de julio de 2027, los comercializadores y distribuidores de gasolinas y diésel que no sean fabricantes, productores o importadores deberán pagar el IEPS correspondiente cuando exista una diferencia positiva entre los litros vendidos durante el mes y los que hayan adquirido legalmente en ese mismo periodo.
La medida pretende identificar volúmenes de combustible cuyo origen no pueda acreditarse mediante documentación válida. El impuesto generado por esas discrepancias no podrá trasladarse al consumidor ni incorporarse al precio final de la gasolina o el diésel, por lo que deberá ser absorbido por el comercializador.
Para realizar las verificaciones, la autoridad fiscal podrá utilizar información de los controles volumétricos obligatorios, pedimentos de importación y facturación electrónica.
Con ello, el gobierno federal busca cerrar espacios a prácticas como la facturación irregular, la simulación de compras y la declaración indebida de importaciones dentro de la cadena de suministro.
La propuesta también endurece las condiciones del programa de regularización de adeudos fiscales, al establecer que la sola presentación de una denuncia o querella por delitos relacionados con hidrocarburos será suficiente para impedir que el contribuyente acceda a beneficios de condonación o reducción.
Proponen aumentos en derechos gubernamentales
El proyecto de reforma a la Ley Federal de Derechos contempla ajustes en diversas cuotas por servicios públicos, bajo el argumento de actualizar los cobros conforme a los costos operativos.
En materia migratoria y consular, se plantea un incremento de 35 por ciento en el derecho por la condición de estancia para visitantes extranjeros sin permiso de trabajo.
También se proponen aumentos de 66 por ciento en la expedición de visas ordinarias y de 153 por ciento en las visas de larga duración.
En el ámbito ambiental y sanitario, la iniciativa contempla un incremento promedio de 30 por ciento en las cuotas correspondientes a trámites y licencias ambientales, además de ajustes en 29 servicios de regulación sanitaria.
Por otra parte, se propone actualizar en 16 por ciento los derechos relacionados con la inspección e inscripción de emisoras en el mercado bursátil, así como elevar en 10 por ciento las cuotas por el uso del espacio aéreo mexicano.
En el sector ferroviario, la propuesta plantea aumentar de 1.25 a 3 por ciento la tasa sobre ingresos brutos aplicable a concesionarios con más de 15 años de operación.
El Paquete Económico 2027 deberá ser analizado y discutido por el Congreso de la Unión como parte del proceso de aprobación del presupuesto y las disposiciones fiscales para el próximo ejercicio.