Víctimas y sobrevivientes de la Iglesia La Luz del Mundo denunciaron un presunto “carpetazo” por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la autoridad determinara el no ejercicio de la acción penal en delitos de trata de personas y delincuencia organizada dentro de una investigación iniciada en 2019.
Las denunciantes, entre ellas Sóchil Martin, Sharim Guzmán y Ada Camarena, impugnaron la resolución al considerar que los hechos documentados sí encuadran en conductas delictivas. Señalaron que la decisión ministerial no fue difundida públicamente en su totalidad y que se conoció tras revisar el expediente.
De acuerdo con su postura, la investigación se construyó a partir de testimonios de personas que salieron de la organización, quienes denunciaron presuntos esquemas de control, manipulación psicológica, abuso sexual y explotación, particularmente contra menores de edad.
Las víctimas cuestionaron que, aunque la Fiscalía describe conductas que podrían constituir delito, concluyó que no encuadran en los tipos penales señalados, lo que —afirman— deja sin continuidad la línea de investigación.
El caso también está vinculado al líder de la organización, Naasón Joaquín García, quien fue condenado en Estados Unidos a más de 16 años de prisión tras declararse culpable de delitos sexuales contra menores.
Además, recordaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó en 2020 cuentas bancarias relacionadas con la organización por más de 300 millones de pesos, como parte de indagatorias por presunto lavado de dinero.
Las denunciantes sostienen que los hechos no son aislados, sino parte de una posible estructura sistemática de explotación que habría operado durante años, con presuntos vínculos políticos y financieros.
Audiencia clave
El próximo 16 de abril, el juez federal Juan José Rodríguez Velarde determinará si se mantiene el no ejercicio de la acción penal o si el caso debe reabrirse.
La audiencia se llevará a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal de Puente Grande, en Jalisco, y será clave para definir el rumbo de una investigación que, según las víctimas, quedó inconclusa pese a los elementos recabados.