El coordinador parlamentario del PVEM en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, presentó una iniciativa de reforma para armonizar la legislación local con el llamado “Plan B” federal, con el objetivo de hacer más eficiente, transparente y austero el ejercicio del poder público en la entidad.
La propuesta, impulsada en conjunto con Morena y el PT, plantea una reconfiguración profunda del sistema político, electoral y administrativo mexiquense.
Van contra reelección y nepotismo
Entre los cambios más relevantes destaca la eliminación de la reelección inmediata para diputaciones locales y cargos municipales. Asimismo, se establecen restricciones para evitar el nepotismo electoral: no podrán contender personas que hayan tenido en los últimos tres años vínculos familiares directos —por consanguinidad, afinidad o unión— con quienes ocupen el cargo al que aspiran.
Estas disposiciones entrarían en vigor a partir del proceso electoral de 2030.
Ajustes al presupuesto y eliminación de privilegios
El proyecto contempla que el presupuesto del Congreso local no supere el 0.70% del gasto estatal y prohíbe incrementos reales en ejercicios posteriores. También plantea eliminar prestaciones como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida y de retiro especiales, así como cajas de ahorro extraordinarias.
Además, se propone que ningún funcionario electoral perciba ingresos superiores a los de la Presidencia de la República.
Cambios al calendario electoral
La iniciativa busca adelantar el inicio del proceso electoral de enero a septiembre, con el fin de mejorar la կազմակերպación de los comicios. También plantea ampliar de 15 a 30 días el periodo de registro de candidaturas, ajustar las etapas de precampaña y anticipar la designación de autoridades electorales.
Estos cambios responden a la necesidad de organizar elecciones concurrentes, incluyendo la elección de cerca de 400 cargos judiciales en el estado.
Impulso a la participación juvenil
El proyecto incorpora medidas para fomentar la inclusión de jóvenes en la vida política, estableciendo rangos de edad de 21 a 29 años para diputaciones y de 18 a 29 años para ayuntamientos, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo a sus derechos político-electorales.
Nueva integración municipal
La reforma también redefine la estructura de los ayuntamientos, proponiendo una presidencia municipal, una sindicatura única y hasta 15 regidurías, dependiendo de la población. Los ahorros derivados de la reducción de estructuras deberán destinarse prioritariamente a obra pública e infraestructura.
La iniciativa contempla modificaciones a la Constitución local, el Código Electoral y la Ley Orgánica Municipal, incluyendo la publicación de convocatorias antes de octubre, nuevos plazos para candidaturas independientes y ajustes en la asignación de regidurías por representación proporcional.
Alianza legislativa
La propuesta fue presentada por las bancadas de Morena, PVEM y PT como parte de la armonización con las reformas constitucionales federales recientemente impulsadas.