La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), encabezada por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, presentó una iniciativa de reforma para castigar con penas de hasta 13 años y seis meses de prisión a quienes contaminen el agua destinada al consumo humano, con énfasis en comunidades vulnerables.
La propuesta, impulsada por la diputada Miriam Silva Mata, busca endurecer las sanciones contra quienes afecten el suministro en espacios sensibles como hospitales, escuelas, centros de salud, guarderías, centros de reclusión y zonas de alta marginación.
Golpe directo a la contaminación hídrica
De acuerdo con la legisladora, el proyecto plantea penas de entre tres y nueve años de prisión, además de multas que van de 300 a 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a montos de hasta 351 mil 930 pesos, para quien contamine agua de uso o consumo humano.
Asimismo, se contempla un incremento de hasta una mitad de la pena —alcanzando los 13.5 años de cárcel— cuando el delito se cometa contra sectores vulnerables o con fines de lucro, particularmente en actividades industriales, comerciales o de servicios.
Sanciones más duras y sin evasión
La iniciativa también incluye agravantes severos en casos donde se oculte información sobre la contaminación, se obstaculicen acciones de prevención o saneamiento, o se retrase la atención de riesgos sanitarios. En caso de que la contaminación provoque lesiones o la muerte, se aplicarían sanciones adicionales conforme a la legislación penal vigente.
Durante su intervención, Silva Mata señaló que en municipios como Ecatepec se han promovido al menos 19 amparos colectivos para exigir el derecho al agua y a la salud, por lo que planteó que los gobiernos municipales deben asumir responsabilidad e indemnizar a las personas afectadas.
Responsabilidad directa de autoridades ambientales
El proyecto también contempla modificar el Código para la Biodiversidad del Estado de México, con el fin de obligar a la Secretaría del Medio Ambiente estatal a denunciar de forma inmediata cualquier caso de contaminación hídrica ante las autoridades competentes, fortaleciendo así la respuesta institucional frente a este tipo de delitos