El vicefiscal general del estado de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, presentó una solicitud de licencia sin goce de sueldo para separarse de su cargo, en medio de señalamientos en su contra por parte del gobierno de Estados Unidos, relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado.
A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que la licencia se hizo efectiva el 5 de mayo de 2026, y precisó que el funcionario manifestó su disposición para atender cualquier requerimiento legal por las vías institucionales correspondientes.
La decisión ocurre en un contexto de crisis política en la entidad, luego de que figuras como Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, también se separaran de sus cargos tras darse a conocer las acusaciones en Estados Unidos. En contraste, el senador morenista Enrique Inzunza Cázares ha decidido mantenerse en funciones.
Acusaciones en Estados Unidos
De acuerdo con autoridades estadounidenses, Castro Zaavedra enfrenta múltiples cargos federales por presuntamente utilizar su posición para favorecer a la facción conocida como “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.
Entre los delitos que se le imputan se encuentran conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento.
Las investigaciones señalan que el funcionario habría recibido sobornos mensuales cercanos a 200 mil pesos, y que era identificado bajo el alias “Culiacán Regio” en registros de pagos. A cambio, presuntamente brindaba protección a integrantes de dicha organización criminal y ordenaba acciones contra grupos rivales.
Red de funcionarios señalados
La acusación incluye a al menos diez personas, entre ellas funcionarios y exfuncionarios de distintos niveles en Sinaloa, como Marco Antonio Almanza Avilés, Gerardo Mérida Sánchez y José Antonio Dionisio Hipólito, además de mandos policiales y un empresario vinculado a la administración estatal.
Con la salida de Castro Zaavedra, la atención política y judicial se concentra ahora en los funcionarios que permanecen en sus cargos, en medio de un caso que podría escalar tanto en México como en Estados Unidos.