Expertos de la Organización de las Naciones Unidas advirtieron este jueves que el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos contra Cuba desde enero ha generado una “privación energética” con consecuencias graves para los derechos humanos y el desarrollo de la isla.
Además del embargo económico vigente desde 1962, Washington mantiene restricciones energéticas que, según los especialistas, han agravado severamente la escasez de combustible en territorio cubano. De acuerdo con el pronunciamiento, desde finales de enero la actividad en la isla, habitada por alrededor de 9.6 millones de personas, se encuentra prácticamente paralizada.
Los expertos, quienes cuentan con mandato del Consejo de Derechos Humanos aunque no hablan oficialmente en nombre de la ONU, señalaron que la falta de carburante ha afectado el funcionamiento de servicios esenciales necesarios para garantizar una vida digna.
“El bloqueo ilegal perturba no solo la vida cotidiana, sino que también atenta contra el disfrute de un amplio abanico de derechos humanos”, indicaron en un comunicado.
El posicionamiento también cuestiona el decreto firmado en enero por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, basado en la supuesta “amenaza extraordinaria” que representaría Cuba para la seguridad nacional estadounidense.
Según los especialistas, dicha medida ha profundizado la crisis energética en la isla y colocado a los servicios básicos “al borde del precipicio”. Asimismo, consideraron que, aunque el decreto menciona preocupaciones sobre derechos humanos en Cuba, no contempla el impacto directo que las sanciones tienen sobre la población civil.
Entre las afectaciones más severas, los expertos destacaron el retraso acumulado de más de 96 mil intervenciones quirúrgicas en el sistema de salud cubano, incluidas 11 mil operaciones pendientes para menores de edad. También alertaron sobre demoras en el programa nacional de vacunación, situación que ha afectado a miles de lactantes.
“Al privar a la población de la energía necesaria para el funcionamiento de los servicios esenciales, este decreto atenta contra derechos fundamentales como la alimentación, la educación, la salud y el acceso al agua y saneamiento”, concluyeron.