A pesar de permanecer recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 (Cefereso 11) en Hermosillo, Sonora, Juvenal “N”, alias “El Padrino”, identificado por autoridades federales como líder de una red internacional de trata de personas, mantiene una batalla legal para recuperar el Bar Adelitas, en Tijuana, Baja California, considerado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el principal centro de operaciones de la organización criminal.
De acuerdo con investigaciones federales, en dicho establecimiento se obtenían ganancias de hasta 100 millones de pesos mensuales derivadas de actividades relacionadas con la explotación sexual de decenas de víctimas.
La FGR sostiene que la intención de recuperar el inmueble sería reactivar las operaciones del bar para obtener recursos económicos destinados a la defensa legal de Juvenal “N” y al sostenimiento de integrantes de la organización que permanecen prófugos y cuentan con órdenes de aprehensión vigentes.
El litigio se desarrolla dentro del juicio de amparo 642/2023 y del amparo en revisión 176/2025. El pasado 19 de marzo de 2026, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito ordenó reponer una audiencia relacionada con la solicitud de liberación y entrega del inmueble conocido como Adelitas Bar.
El caso volvió al Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, donde inicialmente se programó una audiencia de “tutela de derechos” para el 28 de octubre de 2026; posteriormente, la fecha fue modificada al 10 de septiembre del mismo año.
Sin embargo, la jueza Decimosexta de Distrito en Baja California, María del Carmen Mondragón Rodríguez, ordenó nuevamente a las autoridades justificar la demora en el cumplimiento de la ejecutoria y advirtió sobre posibles sanciones en caso de incumplimiento.
Las investigaciones federales señalan que la estrategia jurídica para recuperar el inmueble es impulsada a través de la empresa Liga de Comercio Empresarial, S. de R.L. de C.V., señalada por presuntos vínculos con inmuebles relacionados con actividades ilícitas en Tijuana.
No obstante, revisiones al Registro Público de Comercio (RPC) y al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) no localizaron registros de dicha sociedad mercantil.
Documentos judiciales refieren que Damián y Aschey Jiménez Álvarez, identificados como hijos de Juvenal “N”, así como Servando Díaz López, alias “El Guante”, procesado por presunta explotación sexual forzada, figuran como propietarios y parte de la empresa.
La FGR también mantiene abiertas investigaciones relacionadas con otros inmuebles vinculados al caso, entre ellos el Bar Valentina y el Hotel Coahuila, ubicados en Tijuana y señalados en indagatorias por presuntas actividades ilícitas.
Además, autoridades federales investigan una presunta red conformada por al menos 22 empresas que habrían sido utilizadas para operaciones de lavado de dinero derivadas de explotación sexual internacional.
El abogado Rubén Fernando Benítez Álvarez de Castillo, representante legal de la empresa reclamante, ha participado en diversos casos de alto perfil en México y Estados Unidos, incluyendo las defensas del empresario Jorge Hank Rhon, el exmarine Andrew Tahmooressi, Ethan Couch y el boxeador Julio César Chávez Jr.
Paralelamente, fuentes federales señalaron que la FGR abrió una línea de investigación contra funcionarios del Poder Judicial de la Federación en Sonora y Baja California por posibles actos que habrían favorecido a la estructura criminal relacionada con el Bar Adelitas.
Las pesquisas buscan determinar si existieron resoluciones, actos u omisiones que otorgaran ventajas indebidas a integrantes de la organización encabezada por Juvenal “N”, conductas que podrían encuadrarse en delitos contra la administración de justicia previstos en el artículo 225 del Código Penal Federal.