La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que México enfrenta “una grave crisis” de desaparición de personas y de identificación humana de cuerpos bajo custodia del Estado, durante la presentación de su informe en el Museo Memoria y Tolerancia, donde familiares de víctimas reprocharon la falta de resultados y protección para buscadoras.
En representación del Gobierno federal, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, aseguró que el Estado mexicano reconoce “el dolor, la valentía y la legítima exigencia” de las familias de personas desaparecidas, además de reiterar la disposición de mantener cooperación y diálogo con organismos internacionales.
Medina sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó atender la desaparición de personas como una prioridad nacional y coordinar a todas las instituciones para combatir este delito y atender a las víctimas. Asimismo, afirmó que muchas de las 40 recomendaciones emitidas por la CIDH ya forman parte de la estrategia del Gobierno federal.
El funcionario reconoció que existen pendientes y retos de coordinación entre autoridades federales y estatales, aunque enfatizó que actualmente “la desaparición no se ordena desde el Estado como sucedía en el pasado”.
Durante el acto, representantes de colectivos de búsqueda cuestionaron la respuesta gubernamental ante las desapariciones y los asesinatos de personas buscadoras, en su mayoría mujeres. Bibiana Mendoza, integrante del colectivo Hasta Encontrarte, lamentó que las mesas de trabajo con autoridades sean “improvisadas” y denunció la falta de atención efectiva.
“Si no nos mata el crimen organizado, nos mata la depresión”, expresó Mendoza, al referirse a las condiciones que enfrentan las familias de desaparecidos.
En el informe, la CIDH señaló que las desapariciones en México afectan a múltiples sectores de la población, incluidos niños y jóvenes reclutados por el crimen organizado, mujeres víctimas de violencia de género y trata, migrantes sometidos a explotación laboral o sexual, así como periodistas y defensores de derechos humanos.
La relatora para México de la CIDH, Andrea Pochak, afirmó que este fenómeno “tiene una relación fundamental con la actuación del crimen organizado”, el cual en diversos contextos opera en colusión con agentes estatales.
Los colectivos también cuestionaron la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, luego de que se reportaran 46 mil 742 registros con datos insuficientes para realizar búsquedas efectivas.
Grace Fernández, quien busca a su hermano desaparecido, pidió mecanismos claros para vigilar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales y aterrizar las acciones en los estados. En tanto, Valentina Peralta, de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos, criticó la ausencia de resultados por parte de gobiernos estatales.
Al finalizar el encuentro, familiares de víctimas colocaron mantas con fotografías de sus seres queridos y lanzaron consignas dentro del museo.
“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, gritaron los asistentes.