Un juzgado federal con sede en la Ciudad de México ordenó la liquidación judicial de CIBanco, poniendo fin a una de las crisis financieras más relevantes de los últimos años en el país.
La resolución fue publicada oficialmente el 12 de mayo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación y deriva de las acusaciones emitidas por el gobierno de Estados Unidos, que vinculaban a la institución con presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.
El fallo fue emitido por el juzgado décimo segundo de distrito en materia civil, cuya jueza concluyó que CIBanco ya no cuenta con solvencia suficiente para continuar operando, debido a que sus activos resultan insuficientes para cubrir sus pasivos.
Como parte del proceso, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario fue designado como liquidador judicial y asumirá la administración de los bienes, recursos y derechos restantes de la institución financiera.
La caída de CIBanco comenzó en mayo de 2025, cuando el Departamento del Tesoro estadounidense incluyó a la entidad en una red de presuntas operaciones financieras vinculadas al narcotráfico. Según las autoridades norteamericanas, el banco habría facilitado movimientos de recursos utilizados por grupos criminales dedicados al tráfico de drogas.
En ese mismo contexto también fueron señaladas Intercam y Vector Casa de Bolsa, instituciones que optaron por reestructurar o transferir parte de sus operaciones para evitar mayores afectaciones.
En octubre de 2025, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó la licencia bancaria de CIBanco, lo que aceleró el proceso de intervención y posterior liquidación.
La institución intentó frenar las medidas mediante una demanda presentada ante una corte en Columbia, argumentando que las sanciones estadounidenses eran inconstitucionales y amenazaban miles de empleos. No obstante, la acción legal fue retirada poco después.
El IPAB informó que logró cubrir cerca del 89 por ciento de los depósitos garantizados de los ahorradores afectados.
Además, la sentencia judicial ordena suspender cualquier embargo o ejecución contra activos de la institución y prohíbe pagos directos al banco sin autorización del liquidador designado.
El fallo también establece como fecha de retroacción el 29 de septiembre de 2024, lo que permitirá revisar operaciones financieras realizadas antes de la intervención oficial para detectar posibles irregularidades adicionales y deslindar responsabilidades legales.