La Fiscalía General de la República (FGR) identificó patios clandestinos, empresas fantasma y rutas terrestres utilizadas para distribuir millones de litros de combustible ilegalmente ingresado al país a través del buque Challenge Procyon, en lo que autoridades consideran el mayor caso de huachicol fiscal documentado en México.
De acuerdo con información obtenida de fuentes del gabinete de seguridad nacional, las investigaciones permitieron rastrear operaciones en los puertos del Golfo de México, particularmente en Tampico y Altamira, así como en Ensenada, Baja California. Además, se detectaron corredores de distribución hacia Camargo, Jiménez, Torreón, Fresnillo, Aguascalientes y Piedras Negras.
Las indagatorias apuntan a que la red criminal amplió sus operaciones por corredores industriales ubicados entre Ciudad Juárez, Saltillo, Ramos Arizpe, Querétaro, San Juan del Río y Puebla, mientras la FGR busca establecer posibles responsabilidades de ex mandos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Las pesquisas también revelaron la localización de pipas y contenedores relacionados con el Challenge Procyon en Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Sinaloa y Chiapas, lo que sugiere que el diésel fue redistribuido en distintas regiones del país, incluida la Ciudad de México, donde presuntamente era mezclado con combustible adquirido legalmente.
Entre los implicados figuran mandos navales, como el vicealmirante Manuel Roberto Farías, actualmente preso en el penal federal del Altiplano, así como su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina en abril pasado. También son investigados otros integrantes de la Armada de México y nueve funcionarios públicos.
La Secretaría de Marina (Semar) informó que las investigaciones se realizan en coordinación con la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles aseguró que la institución naval no encubrirá a ningún involucrado.
Los datos obtenidos por las autoridades refieren que, además de los 10 millones de litros de combustible asegurados inicialmente, se han decomisado más de 150 mil litros de gas LP, 61 pipas, 55 autotanques, 20 tanques de almacenamiento y 11 tractocamiones durante operativos posteriores efectuados en el puerto de Tampico.
Según los informes gubernamentales, el Challenge Procyon, un buque con bandera de Singapur operado por la naviera Intanza, arribó el 19 de marzo de 2025 a la Terminal de Usos Múltiples F7 del puerto de Tampico. Oficialmente declaró transportar 17 mil 459 toneladas de aditivos para aceites lubricantes; sin embargo, documentación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la ANAM confirmó que en realidad trasladaba diésel importado.
Las investigaciones detallan que el cargamento ascendía a aproximadamente 20.94 millones de litros de combustible. La FGR solicitó entonces a la Semar mantener vigilancia sobre la embarcación hasta concretar el operativo de aseguramiento, ejecutado el 31 de marzo de 2025.
Ese día, el gabinete de seguridad informó oficialmente el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel, 108 contenedores, 20 tractocamiones, armas de fuego y tres predios vinculados con el traslado del combustible. Posteriormente fueron detenidas 14 personas, todas sujetas actualmente a proceso penal.
No obstante, reportes entregados por el SAT a la FGR indican que el buque transportaba alrededor de 20 millones de litros, por lo que las autoridades estiman que otros 10 millones fueron descargados antes del aseguramiento mediante maniobras nocturnas con mangueras hacia aproximadamente 300 pipas.
Posteriormente, el combustible habría sido enviado a centros de almacenamiento y distribuido hacia Baja California, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Puebla y la Ciudad de México.
Fuentes consultadas señalaron además que la ANAM aún no entrega toda la información requerida por la FGR sobre la presunta participación de funcionarios aduanales en el encubrimiento del tráfico ilegal de combustible. Las autoridades estiman que al menos 31 buques participaron en operaciones de huachicol fiscal entre 2024 y 2025.