La organización Amnistía Internacional advirtió que Haití enfrenta una de las crisis humanitarias y de seguridad más graves de los últimos años debido al aumento de la violencia de las pandillas, el desplazamiento masivo de personas y el deterioro extremo de las condiciones de vida.
En entrevista con EFE, Ana Piquer señaló que el país vive un contexto marcado por asesinatos, violencia sexual y ataques contra hospitales y escuelas cometidos por grupos criminales que controlan gran parte de la capital, Puerto Príncipe, así como otras regiones.
De acuerdo con datos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, durante los primeros tres meses del año al menos mil 642 personas murieron y 745 resultaron heridas en hechos relacionados con la violencia. El informe detalla que las pandillas fueron responsables del 27 por ciento de las víctimas, mientras que operativos de las fuerzas de seguridad provocaron el 69 por ciento de los fallecidos y lesionados, incluidos civiles y menores de edad.
La crisis también ha impactado severamente en las condiciones de vida de la población. Organismos internacionales estiman que alrededor de 5.8 millones de haitianos padecen inseguridad alimentaria en niveles críticos, mientras que el número de desplazados internos alcanzó 1.4 millones de personas el año pasado.
Amnistía Internacional alertó que la destrucción de hospitales y escuelas ha reducido los servicios básicos al mínimo, afectando especialmente a niñas y niños, quienes han visto interrumpida su infancia y acceso a educación y atención médica.
La organización también cuestionó la respuesta internacional frente a la crisis y pidió transparencia en la implementación de la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas creada por la ONU, la cual sustituirá a la anterior misión de apoyo de seguridad que no logró contener la violencia.
Además, AI criticó el uso de drones armados por parte de fuerzas de seguridad haitianas y sus aliados para combatir a las bandas criminales. Según la organización, entre enero y marzo cerca de 70 personas murieron en ataques realizados con estos dispositivos, lo que podría constituir ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos.