Ciudad de México.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso nuevas sanciones administrativas a servidores públicos relacionados con casos de corrupción, abuso de funciones, negligencia e irregularidades financieras en diversas dependencias del Gobierno de México, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Las resoluciones derivan de investigaciones realizadas por órganos internos de control y áreas de responsabilidades en instituciones federales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Banco del Bienestar, la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Guardia Nacional y proyectos estratégicos como el Tren Maya.
Las sanciones incluyen inhabilitaciones de hasta 20 años para ejercer cargos públicos, suspensiones temporales, amonestaciones y multas económicas por montos millonarios, conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Uno de los casos de mayor impacto involucra a exfuncionarios de la CFE, quienes fueron sancionados por participar en la adquisición de más de 82 mil optimizadores de tensión que, de acuerdo con las investigaciones, resultaban innecesarios para la operación del sistema eléctrico nacional.
Como resultado, el TFJA determinó la inhabilitación por 20 años de tres exservidores públicos, además de imponerles una sanción económica solidaria superior a mil 192 millones de pesos. Asimismo, otro exfuncionario de la Dirección Corporativa de Operaciones recibió una inhabilitación de diez años.
En el IMSS también se registraron diversas sanciones relacionadas con faltas administrativas y casos de negligencia médica. Entre ellos destaca la inhabilitación de una trabajadora adscrita a una unidad médica en Nayarit, tras determinarse responsabilidades por la atención inadecuada brindada a un menor de edad.
Por su parte, en el SAT fueron detectadas irregularidades relacionadas con la emisión extemporánea de créditos fiscales, contrataciones sin autorización presupuestal y uso indebido de sistemas institucionales, lo que derivó en suspensiones y otras medidas administrativas.
Las investigaciones alcanzaron igualmente al Banco del Bienestar, donde se documentaron inconsistencias en conciliaciones bancarias, así como movimientos financieros efectuados sin autorización de los titulares de cuentas en sucursales ubicadas en Oaxaca y Tabasco.
La Secretaría Anticorrupción detalló que las conductas sancionadas abarcan una amplia gama de irregularidades, entre ellas la doble percepción de ingresos, depósitos indebidos a cuentas personales, faltantes de recursos, omisiones en procesos de entrega-recepción, uso indebido de accesos institucionales, pagos sin comprobación suficiente y agresiones o conductas inapropiadas hacia ciudadanos y compañeros de trabajo.
También fueron sancionados integrantes de la Guardia Nacional por la expedición de documentación académica sin validez oficial utilizada en procedimientos relacionados con la permanencia institucional y la portación de armas.
La dependencia federal sostuvo que todas las resoluciones fueron emitidas con apego a los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso, al tiempo que recordó que las personas sancionadas cuentan con mecanismos legales para impugnar las determinaciones.
Estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno federal para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción dentro de la administración pública, objetivos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
Especialistas en materia de administración pública señalaron que la aplicación de sanciones contribuye al fortalecimiento de los mecanismos de control institucional; sin embargo, advirtieron que los resultados dependerán también de la recuperación de recursos públicos, el seguimiento de los procedimientos y la prevención de nuevas irregularidades.