La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo una sentencia de 125 años de prisión contra Geovanni “N” y Tomás “N”, luego de acreditar su responsabilidad en el delito de secuestro exprés agravado para cometer robo en perjuicio de un hombre de 83 años de edad en la alcaldía Xochimilco.
De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue vista por última vez el 7 de septiembre de 2023 afuera de su domicilio, ubicado en la colonia Santa Cecilia Tepetlapa. Ese día se encontraba en compañía de los ahora sentenciados, quienes realizaban trabajos de albañilería en su vivienda.
Las indagatorias permitieron establecer que ambos hombres privaron de la libertad al adulto mayor, se apoderaron de dos vehículos de su propiedad y lo trasladaron fuera de la Ciudad de México con dirección al estado de Morelos.
“La investigación inició tras la denuncia por la desaparición de la víctima, quien fue vista por última vez el 7 de septiembre de 2023 en el exterior de su domicilio”, informó la Fiscalía capitalina.
Un día después, gracias a la coordinación entre autoridades de la Ciudad de México y Morelos, el cuerpo de la víctima fue localizado sobre la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura del municipio de Huitzilac.
La FGJCDMX detalló que agentes de la Policía de Investigación realizaron el análisis de imágenes de videovigilancia del C5, lo que permitió rastrear los vehículos robados e identificar parte de la ruta seguida por los responsables.
Asimismo, las autoridades determinaron que el teléfono celular de la víctima fue utilizado posteriormente con una línea telefónica relacionada con uno de los acusados, elemento que fortaleció la investigación.
Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó testimonios, videograbaciones, análisis técnicos y diversos medios de prueba que acreditaron la responsabilidad penal de Geovanni “N” y Tomás “N”.
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ordenó medidas de reparación integral del daño, que incluyen la indemnización por el fallecimiento de la víctima, el pago de gastos funerarios, atención psicológica para los familiares afectados y la restitución económica correspondiente por los vehículos robados.