Mientras gran parte del país centraba su atención en otros acontecimientos, el pasado 30 de junio fueron cesadas 43 personas trabajadoras sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), una decisión que ha generado preocupación por sus posibles efectos en el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables.
Las personas despedidas no desempeñaban funciones administrativas, sino que se encargaban de realizar investigaciones socioeconómicas, elaborar dictámenes en trabajo social e identificar las condiciones de vulnerabilidad de quienes recurren al Estado al no contar con recursos para pagar una defensa o asesoría jurídica.
Su labor era considerada fundamental para brindar atención integral a mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, comunidades indígenas, migrantes, personas con discapacidad y víctimas de violaciones a derechos humanos, permitiendo que la representación legal tomara en cuenta el contexto social y económico de cada caso.
Especialistas y voces críticas señalaron que la salida de este personal no solo representa la pérdida de fuentes de empleo, sino que también podría debilitar la calidad, independencia y profesionalización de los servicios de defensoría pública, afectando principalmente a quienes dependen de este sistema para acceder a la justicia.
Asimismo, advirtieron que los despidos contrastan con los compromisos expresados durante la discusión de la reforma judicial, en la que se aseguró que serían respetados los derechos laborales del personal del Poder Judicial y de las instituciones relacionadas.
De acuerdo con los señalamientos, algunos de los trabajadores cesados habrían quedado sin acceso inmediato a la seguridad social, situación que podría afectar la continuidad de tratamientos médicos indispensables.
Las críticas concluyen que proteger los derechos laborales de quienes integran el sistema de justicia también implica fortalecer el Estado de derecho y garantizar que las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad continúen recibiendo una defensa legal integral y de calidad.