Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles, conocida como “huachicol fiscal”, por la que enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y contrabando.
De acuerdo con la institución, la captura se realizó en Ensenada, Baja California, en cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida tras una investigación de alta complejidad sobre presuntas operaciones ilegales de importación de combustibles.
La FGR señaló que Ruffo Appel está relacionado con una empresa de la que fue fundador y accionista, Ingemar, la cual habría participado en un esquema de contrabando de gasolina y diésel mediante pipas y ferrotanques para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Según la dependencia, la investigación apunta a que dicha empresa realizó grandes operaciones de importación irregular de combustibles, motivo por el cual un juez autorizó la orden de captura, ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Ernesto Ruffo Appel hizo historia política al convertirse en 1989 en el primer gobernador de oposición en México, tras ganar la gubernatura de Baja California bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).
El caso fue dado a conocer previamente por el reportaje Soldados del Huachicol, de Aristegui Noticias, que documentó un presunto esquema de “huachicol fiscal” mediante el cual empresas comercializadoras introducían gasolina y diésel al país alterando la documentación aduanera para declarar la carga como aceite usado, aditivos u otras sustancias exentas del pago del IEPS.
En esa investigación se identificó a Ingemar y Petro Soluciones como compañías que presuntamente distribuían grandes volúmenes de combustible de contrabando a grupos gasolineros y empresas transportistas en el norte y noroeste del país.
De acuerdo con las indagatorias, el combustible era adquirido legalmente en Estados Unidos, pero al ingresar a territorio mexicano se modificaban o falsificaban los documentos de importación para evitar el pago del impuesto, lo que permitía comercializar gasolina y diésel a precios inferiores a los del mercado nacional.
Antes de su detención, Ruffo Appel había rechazado cualquier responsabilidad en los hechos. En diversas entrevistas sostuvo que nunca había sido citado por las autoridades ministeriales y aseguró que el uso de su nombre en la investigación respondía a una politización del caso, además de señalar que no era el único socio de la empresa Ingemar.
La FGR indicó que las investigaciones continúan y que existen diversas líneas abiertas relacionadas con presuntas operaciones de tráfico y contrabando de combustibles, en las que también se indaga la participación de socios y representantes legales de las empresas involucradas.