Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otros siete imputados por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, dentro de una investigación relacionada con una supuesta red de huachicol fiscal.
En un comunicado, la FGR detalló que, tras una audiencia que se extendió por más de un día, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó cerca de un centenar de datos de prueba y formuló la imputación por ambos delitos.
La dependencia precisó que Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N” permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 “Altiplano”, en el Estado de México, mientras continúa el proceso penal.
Por su parte, José María “N” y Guillermo “N” cumplirán la medida cautelar en sus domicilios debido a problemas de salud, y Adriana “N” será internada en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
Las defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional para que el juez determine la situación jurídica de los imputados en los próximos días.
Investigación por presunto contrabando de combustible
De acuerdo con la FGR, el caso deriva de una investigación iniciada en julio de 2025 sobre un presunto esquema de importación ilegal de hidrocarburos mediante declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas, con el objetivo de evadir el pago de impuestos.
Como parte de las indagatorias, las autoridades aseguraron 129 ferrotanques y más de 15 millones de litros de combustible presuntamente introducidos de manera ilícita al país.
La Fiscalía sostiene que estas operaciones habrían ocasionado un daño superior a 4 mil millones de pesos a la Hacienda Pública, al dejar de cubrir las contribuciones correspondientes a 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no declarados.
Además, las investigaciones vinculan al exmandatario con la empresa Ingemar, de la cual es señalado como principal accionista. Según la FGR, dicha compañía habría participado en operaciones de importación y logística dentro del supuesto esquema de contrabando de hidrocarburos.
Defensa pide respetar el debido proceso
Antes de que se resolviera la medida cautelar, Verónica Ruffo, hija del exgobernador, difundió un mensaje en redes sociales en el que pidió que se respeten los derechos de su padre.
“Creemos en la ley y exigimos que se cumpla para él como para cualquier mexicano. La presunción de inocencia, el debido proceso y un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”, expresó.
También aseguró que Ernesto Ruffo acudió previamente a declarar ante las autoridades y afirmó que permanecía incomunicado con su familia desde su detención.
Por su parte, el exgobernador ha rechazado las acusaciones y sostiene que Ingemar únicamente realizaba actividades de logística de importación y trámites aduanales, negando haber participado en un esquema de contrabando de combustibles.
La situación jurídica de Ruffo Appel y del resto de los imputados será definida una vez que concluya el plazo constitucional solicitado por sus defensas.