Bogotá, Colombia.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, difundió esta semana la demanda de nulidad presentada contra la elección presidencial de 2026, en la que el candidato de derecha, Abelardo de la Espriella, derrotó al oficialista Iván Cepeda en la segunda vuelta por un estrecho margen del 0.003% de los votos.
El recurso fue interpuesto ante el Consejo de Estado por el colectivo “Testigos Digitales”, impulsado por el partido oficialista Pacto Histórico. La acción judicial está acompañada por una plataforma en internet que reúne la demanda, herramientas de análisis y documentación sobre presuntas irregularidades en la trazabilidad digital del proceso electoral.
En su cuenta de X, Petro compartió el enlace al sitio con el mensaje: “Aquí todas las pruebas del fraude electoral en Colombia, ya judicializadas”. Sin embargo, el propio documento judicial aclara de manera expresa que no sostiene que exista un fraude electoral probado ni que se hayan alterado los votos.
La demanda cuestiona que la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE) habrían reducido los mecanismos de autenticidad, integridad y trazabilidad digital de los formularios E-14 utilizados durante el escrutinio, en comparación con los empleados en las elecciones de 2022.
Según los promoventes, tras analizar más de 700 mil documentos públicos, detectaron que el 97.4% carece de metadatos verificables y que ninguno cuenta con firma criptográfica, lo que, aseguran, dificulta auditar el proceso de consolidación de resultados.
Entre los señalamientos también figura la supuesta modificación del modelo de escrutinio sin consulta pública, la ausencia de una justificación técnica para esos cambios y la necesidad de investigar la posible participación de infraestructura informática ubicada en California, Estados Unidos, durante el procesamiento de las actas, así como revisar la documentación de las votaciones en consulados, especialmente en Estados Unidos y Venezuela.
No obstante, el recurso insiste en que no busca demostrar un fraude en esta etapa, sino que el Consejo de Estado determine si la falta de mecanismos de verificación afectó la transparencia del proceso y ordene preservar, entregar y auditar la evidencia digital y documental relacionada con la elección presidencial.
Los promoventes sostienen que la eliminación de controles técnicos generó una “inverificabilidad estructural” que podría vulnerar los principios de transparencia y participación política, por lo que solicitan la nulidad de la declaratoria de elección emitida el 24 de junio de 2026.