Ciudad de México.- La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) calificó como inconstitucional la nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos y advirtió que la medida enfrentará nuevamente obstáculos judiciales.
Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, sostuvo que la Suprema Corte de Estados Unidos ya estableció que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Constitución.
“La Corte Suprema decidió este asunto: la ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Constitución. Ninguna orden ejecutiva adicional puede cambiar el significado de la Constitución”, afirmó.
El representante de la organización agregó que cualquier intento de modificar mediante una orden ejecutiva las reglas sobre ciudadanía por nacimiento tendrá el mismo destino que la medida anterior.
La ACLU reaccionó a la nueva orden firmada este jueves por Trump, mediante la cual su Administración busca nuevamente limitar el derecho a la ciudadanía de los hijos de personas extranjeras nacidos en territorio estadounidense.
La Casa Blanca argumenta que la resolución de la Suprema Corte todavía permitiría excluir de ese beneficio determinados casos, entre ellos los hijos de mujeres que ingresen a Estados Unidos con fines de “turismo de maternidad”.
Sin embargo, la ACLU rechazó esa interpretación y señaló que el Gobierno federal tampoco cuenta con una estimación oficial sobre la magnitud de este fenómeno.
ACLU cuestiona argumento sobre “turismo de maternidad”
De acuerdo con un memorando elaborado por la organización, la mejor estimación disponible apunta a que los nacimientos relacionados con el llamado “turismo de maternidad” representan apenas 0.3 por ciento de los nacimientos en Estados Unidos.
Por ello, la ACLU consideró que la Administración Trump utiliza este fenómeno como argumento para impulsar políticas migratorias restrictivas, más que como respuesta a un problema de gran magnitud.
Trump ya había firmado una orden ejecutiva similar el 20 de enero de 2025, el mismo día en que asumió su segundo mandato presidencial.
La medida fue impugnada ante los tribunales y terminó enfrentando la oposición de la Suprema Corte, en el marco de una disputa constitucional sobre el alcance de la Decimocuarta Enmienda, que establece la ciudadanía para las personas nacidas en Estados Unidos bajo las condiciones previstas por la Constitución.
La nueva ofensiva de la Administración Trump amenaza así con reavivar una de las principales disputas sobre inmigración y derechos constitucionales en Estados Unidos, mientras organizaciones defensoras de los migrantes anticipan nuevos litigios para frenar la medida.