Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, presuntamente ordenó ocultar videograbaciones captadas la noche de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo con la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, la conclusión deriva de un nuevo análisis del expediente y de testimonios incorporados durante 2026, los cuales permitieron establecer la posible participación del exmandatario en la destrucción y ocultamiento de evidencia relacionada con el caso.
En un videomensaje, Godoy señaló que la investigación acreditó, con elementos de prueba y bajo los principios del debido proceso, la posible intervención de Aguirre en la desaparición de evidencias que podrían contribuir a esclarecer el paradero de los estudiantes.
La fiscal explicó que las cámaras de vigilancia identificadas con los números 12 y 15, instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala, registraron el momento en que el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue detenido por policías municipales y estatales.
Durante años se sostuvo que esas imágenes no existían debido a supuestas fallas técnicas. Sin embargo, la FGR afirmó que esa versión fue desmentida a partir de nuevos testimonios.
Según Godoy, en enero de 2026 un colaborador declaró que las grabaciones sí existían y que fueron retiradas para entregarlas directamente al entonces gobernador. El testigo aseguró además que mantuvo silencio durante años debido a amenazas.
A este testimonio se sumó, en mayo pasado, la declaración de un segundo testigo protegido, quien señaló que Aguirre encabezó una reunión con funcionarios de alto nivel de su administración y que, presuntamente, ordenó desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia.
“La Fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel”, afirmó Godoy.
Con base en estos testimonios y otros elementos incorporados a la investigación, la FGR sostuvo que el ocultamiento de las grabaciones habría sido producto de “una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal”.
Orden de aprehensión
La fiscal general informó que los nuevos hallazgos derivaron en la solicitud y posterior ejecución de una orden de aprehensión contra Ángel Aguirre por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.
La diligencia fue ejecutada este miércoles en el Estado de México.
Godoy aseguró que las investigaciones continuarán con el objetivo de esclarecer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y afirmó que la FGR mantendrá informadas a las familias sobre los avances del caso, en la medida que lo permita el debido proceso.
Ángel Aguirre encabezaba el gobierno de Guerrero por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuando, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
Tras la crisis política y social provocada por los hechos, Aguirre solicitó licencia al cargo el 23 de octubre de 2014. En aquel momento argumentó que su decisión tenía como objetivo facilitar las investigaciones.
Casi 12 años sin esclarecer el paradero de los estudiantes
El caso Ayotzinapa ha cambiado de rumbo en múltiples ocasiones desde 2014 y ha derivado en investigaciones y procesos contra integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, policías municipales, elementos de distintas corporaciones y exservidores públicos.
Las actuales autoridades federales han rechazado la denominada “verdad histórica”, presentada durante el gobierno del expresidente priista Enrique Peña Nieto, según la cual los estudiantes habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
La FGR no ha detallado públicamente todos los elementos que sustentan las acusaciones contra Aguirre ni el alcance de las pruebas incorporadas al expediente.
La detención del exgobernador representa así un nuevo capítulo en uno de los casos de desaparición forzada y violaciones a los derechos humanos más graves de la historia reciente de México, que a casi 12 años de los hechos continúa sin esclarecer plenamente el paradero de los 43 estudiantes.