WASHINGTON, D.C.— La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió este viernes las restricciones que impedían al gobierno federal utilizar de manera ampliada la base de datos migratoria SAVE para verificar la ciudadanía de personas inscritas en los padrones electorales, en una decisión de emergencia que representa una victoria temporal para la administración del presidente Donald Trump.
La resolución permite, por ahora, que los estados recurran al programa Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE) para comprobar la ciudadanía y el estatus migratorio de personas registradas para votar. La decisión permanecerá vigente mientras continúa el litigio sobre la legalidad de la versión ampliada del sistema.
Los tres jueces liberales de la Corte —Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor— discreparon públicamente de la decisión. Jackson advirtió que el uso de la base de datos podría provocar que ciudadanos elegibles fueran retirados erróneamente de los padrones electorales.
La disputa comenzó después de que el gobierno de Trump ampliara las capacidades de SAVE para permitir a autoridades estatales y locales verificar, entre otros datos, registros de ciudadanía mediante información de la Administración del Seguro Social. La nueva versión también permite realizar búsquedas masivas de personas inscritas en los registros electorales.
Una jueza federal había bloqueado previamente el uso de la herramienta en materia electoral, al considerar que la ampliación del programa podía vulnerar leyes federales de privacidad y generar errores en la identificación de votantes.
Sin embargo, la mayoría de la Corte Suprema determinó que una ley federal de 1996 permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) obtener información sobre ciudadanía y estatus migratorio de otras agencias, y que el gobierno federal tiene la obligación de responder a las solicitudes estatales destinadas a verificar esos datos.
Uso de SAVE es voluntario
El programa no obliga a los estados a utilizar la base de datos. Cada autoridad electoral estatal deberá decidir si recurre a SAVE para sus procesos de verificación.
Además, el impacto inmediato sobre las elecciones de noviembre podría ser limitado debido a las restricciones establecidas por la National Voter Registration Act, que generalmente limita las acciones sistemáticas para modificar los padrones durante los 90 días previos a una elección federal. La aplicación de esa disposición a determinados procedimientos de identificación de no ciudadanos continúa siendo materia de disputa judicial.
De acuerdo con documentos presentados ante la Corte, el sistema actualizado de SAVE había procesado más de 65 millones de registros de votantes en 26 estados y señalado a 28 mil 635 personas como posibles no ciudadanos.
Advierten sobre posibles errores
Los críticos del programa sostienen que las bases de datos gubernamentales pueden contener información desactualizada o incorrecta, lo que podría provocar que ciudadanos estadounidenses sean identificados erróneamente como no ciudadanos.
La jueza Jackson señaló en su disenso que el riesgo de privar del derecho al voto incluso a un número reducido de ciudadanos elegibles debe ser considerado frente al beneficio que el gobierno busca obtener mediante la herramienta.
La controversia también se desarrolla en medio de los esfuerzos de la administración Trump por incrementar la participación del gobierno federal en la verificación de los padrones electorales. La Corte Suprema ha recibido otros casos relacionados con las facultades federales y estatales para establecer procedimientos de registro y depuración de listas de votantes.
El gobierno de Trump sostiene que las medidas buscan impedir que personas que no cumplen con los requisitos legales participen en elecciones. Sus opositores, en cambio, argumentan que los mecanismos de verificación masiva pueden generar errores y dificultar el ejercicio del derecho al voto.
El voto de personas que no son ciudadanos estadounidenses está prohibido en las elecciones federales, y la disputa actual se centra principalmente en qué facultades tiene el gobierno federal para verificar la ciudadanía y cómo pueden los estados utilizar esa información para modificar sus padrones electorales.