Ciudad de México.- El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, fue separado de su cargo luego de que la propia institución detectara presuntas anomalías relacionadas con el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de hidrocarburo en una planta ubicada en San José Iturbide.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la decisión se tomó después de que la FGR identificara irregularidades en la actuación de su delegación estatal, entre ellas que el operativo se realizó aproximadamente dos semanas antes de que fuera informado públicamente.
Durante la Conferencia del Pueblo, el funcionario explicó que el operativo fue dado a conocer sin que se hubiera verificado completamente la información relacionada con el aseguramiento.
“Fue destituido porque el equipo de la Fiscal General de la República encontró ciertas anomalías en este operativo”, señaló García Harfuch.
FGR atrae investigación
García Harfuch precisó que el aseguramiento derivó de una investigación iniciada por la delegación estatal de la FGR, a partir de información proporcionada por la policía estatal.
Según explicó, las autoridades detectaron movimientos de pipas que entraban y salían de la planta intervenida para transportar combustible, presuntamente sin contar con la documentación necesaria.
En el operativo participaron corporaciones de seguridad estatales y federales. El secretario de Seguridad de Guanajuato, Juan Mauro González, habría sido quien realizó el primer alertamiento sobre los hechos.
Sin embargo, hasta el momento no se ha acreditado de manera definitiva la procedencia ilícita del hidrocarburo asegurado.
La investigación fue posteriormente atraída por la FGR a nivel central y quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), luego de que la empresa Grupo Simsa reclamara que sus operaciones se encontraban en regla.
Sheinbaum explica autonomía de delegados
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que los delegados de la FGR en las 32 entidades federativas cuentan con facultades para desarrollar investigaciones y solicitar ante jueces órdenes de cateo o aprehensión, sin que necesariamente deban pasar previamente por las áreas centrales de la Fiscalía.
La mandataria señaló que el Gobierno federal tuvo conocimiento del operativo un día antes de su visita a Guanajuato y que, con la información disponible en ese momento, se asumió que la actuación se encontraba dentro de los protocolos correspondientes.
No obstante, tras el pronunciamiento de Grupo Simsa, la fiscal general decidió atraer el expediente para revisar la legalidad del procedimiento.
“Cuando sale el comunicado de la empresa, la fiscal general toma la decisión de atraer la investigación para revisar si sí es regular o no y mientras tanto separa del cargo al delegado de la Fiscalía General de la República”, explicó Sheinbaum.
La investigación continúa para determinar si existieron irregularidades en el operativo y establecer, en su caso, las responsabilidades correspondientes.