México tomó distancia de la resolución aprobada este viernes por la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación política y de derechos humanos en Nicaragua, al considerar que la crisis interna del país centroamericano no debe ser abordada como un asunto de seguridad hemisférica.
Durante la reunión de cancilleres celebrada en Washington, el representante permanente de México ante la OEA, Alejandro Encinas, señaló que el Gobierno mexicano no acompaña el planteamiento que busca vincular la situación nicaragüense con riesgos para la seguridad regional. La postura mexicana también rechaza cualquier intento de intervención extranjera y plantea privilegiar el diálogo, la cooperación y el desarrollo.
La resolución, denominada “La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua”, fue aprobada por la OEA y plantea una serie de medidas dirigidas a las autoridades nicaragüenses para restablecer condiciones democráticas y garantizar derechos humanos.
Entre sus principales exigencias se encuentra la liberación incondicional de los presos políticos y la información sobre el paradero de personas reportadas como desaparecidas. También solicita restituir la nacionalidad y los derechos civiles a quienes fueron despojados de ellos, además de permitir su regreso seguro y voluntario.
El documento reclama asimismo el restablecimiento de las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica, así como la reapertura de medios de comunicación, organizaciones civiles y universidades que fueron disueltas y la devolución de sus bienes.
Otro de los puntos centrales es el restablecimiento de la independencia de las instituciones del Estado y la separación de poderes, incluyendo la revisión de reformas constitucionales y legales adoptadas en 2025 y 2026.
La OEA también pidió crear condiciones para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas, con una administración electoral independiente y observación internacional.
La resolución contempla además mecanismos para atender confiscaciones de propiedades y solicita detener actividades de vigilancia y represión que cuenten con apoyo internacional.
Para dar seguimiento a estas medidas, se contempla la creación de un Grupo Ministerial de Seguimiento, que deberá establecer contacto con autoridades nicaragüenses, oposición, organizaciones civiles y personas exiliadas. El grupo tendrá hasta 60 días para presentar recomendaciones de carácter diplomático y jurídico, sin contemplar el uso de la fuerza.
La reunión de cancilleres forma parte del proceso abierto por la OEA para analizar la situación de Nicaragua y las acciones que correspondan conforme a la Carta de la organización, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional.
La postura de México ocurre después de que, en agosto pasado, el país también se abstuviera en una votación de la OEA relacionada con la crisis nicaragüense. En aquella ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la posición mexicana respondía a los principios constitucionales de autodeterminación y no intervención